Les mesures de disciplina administrativa amb relació al fenomen del top manta – Roger Càmara Mas

El top manta és un fenomen que en els últims anys ha tingut un creixement importantíssim en molts municipis de la nostra zona, especialment els costaners. Per a aquests municipis constitueix un problema de primer ordre de difícil solució, i tot i que és l’últim esglaó d’una escala organitzada de comerç il·legal, és el més visible. Això suposa que moltes de les actuacions que es porten a terme es dirigeixen contra el col·lectiu de venedors ambulants, fet que provoca situacions conflictives amb les forces i cossos de seguretat i, també, problemes d’ordre públic. Diferents incidents s’han produït aquests últims anys, algun dels quals de fatal desenllaç, com la mort d’un ciutadà senegalès després d’una operació dels Mossos d’Esquadra contra el comerç il·legal (més informació aquí).

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Una aproximació compartida a la transparència i al bon govern – Agustí Cerrillo i Martínez, i Francesc Rodríguez Pontón

En els darrers anys s’han aprovat nombroses normes en matèria de transparència i bon govern tant al nostre país com arreu que han donat lloc a una multitud d’estudis, elaborats des de diferents disciplines i metodologies, sobre el seu contingut, la seva eficàcia, la seva necessitat o el seu impacte.

En el “Dossier sobre transparència i bon govern” inclòs en el darrer número de la Revista Catalana de Dret Públic, hem fet una selecció de materials entre el vast conjunt que s’ha generat en els darrers anys al voltant de la transparència i el bon govern, des d’una perspectiva d’anàlisi que permet a qualsevol lector, neòfit en la matèria o amb una trajectòria consolidada, aproximar-se o aprofundir en aquestes institucions.

L’elaboració del “Dossier sobre transparència i bon govern” ha estat un procés curós basat en les dimensions que, al nostre entendre, són les que caracteritzen l’extensió i l’anàlisi de la transparència i el bon govern en la darrera dècada: la dimensió territorial, la dimensió temàtica, la dimensió metodològica, la dimensió relativa a la tipologia de materials i la dimensió temporal.

En primer lloc, hem tingut en compte la dimensió territorial per recollir les diverses regulacions adoptades o impulsades des de diferents àmbits territorials d’exercici del poder. La presència del tema de la transparència i el bon govern és global, europea, nacional i local i, en aquest sentit, ha estat necessària una tasca de selecció en un espectre molt ampli d’àmbits de producció d’informació. Read More »

Amici curiae en el caso EE.UU. c. Microsoft – Germán M. Teruel Lozano

ßUn grupo de académicos pertenecientes a la Asociación de Constitucionalistas de España hemos tenido la oportunidad de participar como amici curiae en el writ of certiorari (o recurso de revisión) que se ha presentado ante el Tribunal Supremo norteamericano en el caso EE.UU. c. Microsoft, el cual versa sobre la legalidad de la orden de registro dictada en virtud de la Stored Communications Act (SCA) por la que la Fiscalía norteamericana pretendía acceder a ciertos correos electrónicos de una ciudadana irlandesa que estaban almacenados en Irlanda. Microsoft impugnó esta orden aduciendo que esta Ley no podía extender sus efectos extraterritorialmente si los datos están almacenados en otro país, cuando además existen cauces legales que establecen específicamente procedimientos para requerir este tipo de pruebas en investigaciones penales transfronterizas (en concreto, los Tratados de Asistencia Legal Mutua). Las pretensiones de Microsoft fueron desestimadas por el tribunal de distrito, pero el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos revisó la sentencia dando la razón a la compañía. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la revisión de esta sentencia por el Tribunal Supremo. Un proceso que está llamado a ser una referencia y que, como explica Greg Stohr, enfrenta a las autoridades públicas con la industria tecnológica, que se ha posicionado junto a Microsoft y que, por el momento, han dejado de atender a este tipo de órdenes paralizando importantes investigaciones penales. Una relevancia que se evidencia también en las numerosas entidades que han intervenido como amici curiae en este proceso (ver aquí). En concreto, el grupo de académicos españoles suscribimos el informe presentado por Privacy Internacional, al que también se sumaron otras organizaciones sobre derechos humanos y derechos digitales (ver aquí).Read More »

STC 152/2017, sobre el caso Castor: un problema jurídica, social y políticamente inacabado – Julio González García

El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, otorgó a Escal UGS, S. L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor». No es la única concesión de estas características que tenemos en España, pero, sin embargo, por las condiciones de la localización y la actuación ulterior del Gobierno es la que ha ocasionado un grave problema social, político y jurídico, como ya he tenido ocasión de poner de manifiesto en 2015 y en 2018.

Los hechos

En 2008 se otorgó una concesión por treinta años, prorrogables por dos periodos de diez. Es una concesión que tiene un origen remoto en un permiso de investigación otorgado en 1996 y que motivó, tras numerosas peripecias, se transformara en una concesión solicitada por el concesionario como derivación del permiso de investigación en el año 2006. Este es un dato relevante a los efectos del conocimiento que tenía la empresa de las condiciones del terreno, lo que no ha impedido, sin embargo, que perciba la totalidad de lo invertido.

En el año 2012 se concluyen las obras para la instalación de almacenamiento. Cuando se inician las pruebas, en 2013, se producen movimientos sísmicos de envergadura mediana en la costa mediterránea (Tarragona y, sobre todo, Castellón) que desatan la alarma social.

Como consecuencia de lo anterior, en septiembre de 2013 y junio de 2014 se producen sendas decisiones de suspensión de actividades que llevan a que la empresa concesionaria, renuncie a la concesión en julio de 2014. Renuncia que teóricamente debería ser analizada por el Gobierno a través de un acto administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto de otorgamiento de la concesión.Read More »

La doctrina del tribunal sobre las bases. Competencias cada vez menos compartidas – José Antonio Montilla Martos

1.- En España, la mayoría de las competencias son formalmente compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Son pocas las competencias exclusivas del Estado (fuerzas armadas, aduanas, autorización de referéndum…). Por otro lado, en la práctica no existen competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas pues siempre puede incidir el Estado a través de sus títulos horizontales para la ordenación de la actividad económica o para garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos. En esos casos, la competencia del Estado se concreta en el establecimiento de las bases a partir de las cuáles las Comunidades Autónomas ejercerán sus facultades de desarrollo normativo y ejecución.

Sin embargo, en la práctica, asistimos a un proceso paulatino de expansión de las bases estatales que restringe el espacio competencial autonómico. Han perdido su carácter primigenio de mínimo común normativo hasta agotar en muchos casos la regulación de la materia. Ello conlleva, en su envés, el vaciamiento de las competencias autonómicas. Ese proceso, con efectos recentralizadores, ha sido advertido y rechazado no sólo en la doctrina sino también dentro del Tribunal Constitucional, a través de los votos particulares a las distintas sentencias.

2.- El presupuesto de este proceso está en el concepto material de norma básica acuñado por la doctrina del Tribunal Constitucional. En su virtud, lo básico en una materia es lo que en cada momento considere el legislador estatal como tal, de manera unilateral, en cualquier fuente y sin más límite que el posible control que pueda realizar el Tribunal Constitucional sobre esa delimitación. Ni siquiera el Estatuto de Autonomía puede limitar al legislador básico estatal pese a la función que la Constitución le atribuye para establecer las “competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución” (art. 147.2 d) (STC 168/2016).Read More »