El dret a la ciutat i els drets en la ciutat – Juli Ponce Solé

A finals dels anys 60 del passat segle, un filòsof francès, Henri Lefebvre, va publicar un llibre titulat El dret a la ciutat, posant damunt la taula un concepte interessant per a la discussió intel·lectual.

Ara bé, en la segona dècada del segle XXI, ¿tenim realment totes les persones que vivim a les ciutats catalanes un dret a la ciutat? I si és així, i sobretot, què significa des d’un punt de vista concret de polítiques públiques i de gestió urbanes?

Sobre totes aquestes qüestions hem pogut discutir recentment a la Universitat de Barcelona, en una jornada internacional de tres dies organitzada en col·laboració amb UN-Habitat (se’n pot trobar una descripció en aquest enllaç i en aquest altre enllaç).

La resposta a la primera pregunta és afirmativa. Les persones tenim un dret a la ciutat, reconegut ara ja internacionalment i nacional.

a) Des de la perspectiva internacional, la Nova agenda urbana, sorgida de la reunió internacional Habitat III que va tenir lloc a Quito a la tardor de 2016 (veure aquí) i recollida en la resolució 71/256 de 23 desembre de 2016 de Nacions Unides, reconeix en el seu paràgraf 11 el dret a la ciutat, impulsat per molts moviments cívics i governs d´arreu del món. Concretament assenyala que:

“Compartim l’ideal d’una ciutat per a tothom, referint-nos a la igualtat en l’ús i el gaudi de les ciutats i els assentaments humans i buscant promoure la inclusivitat i garantir que tots els habitants, tant de les generacions presents com futures, sense discriminació de cap tipus, puguin crear ciutats i assentaments humans justs, segurs, sans, accessibles, assequibles, resilients i sostenibles i habitar-hi, a fi de promoure la prosperitat i la qualitat de vida per a tothom. Fem notar els esforços d’alguns governs nacionals i locals per consagrar aquest ideal, conegut com “el dret a la ciutat”, en les seves lleis, declaracions polítiques i cartes”.Read More »

La nueva ley de contratos del sector público: síntesis de novedades – Dolors Canals Ametller

El pasado jueves 9 de noviembre, con más de una semana de espera desde su aprobación por el Congreso de los Diputados, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Este es el largo título del reciente texto legal al que los operadores jurídicos nos seguiremos refiriendo como “Ley de Contratos del Sector Público”, por costumbre primero y luego porque, en una parte importante, es continuista con el Texto Refundido de 2011. Nótese que la nueva Ley no afecta la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, más allá de lo que sea contrario a sus preceptos.

Y, no solo es extenso el título; la norma, también. Consta de 347 artículos, 53 disposiciones adicionales y 16 disposiciones finales (294 páginas de publicación oficial, incluidos el índice y seis anexos). En repetidos casos, posee un contenido más propio de un reglamento que de una norma legal, hecho que podría dificultar su aplicación por los poderes adjudicadores y los operadores económicos. A corto o largo plazo, podría retrasar también las modificaciones que fueran necesarias.Read More »

El reconocimiento de derechos sociales a través de la conexión con derechos fundamentales – José Ignacio Cubero Marcos

La teoría clásica de los derechos fundamentales, cuyo nacimiento se remonta básicamente a la época de la revolución francesa, con posterioridad fue acogida por la filosofía de corte liberal y, en general, por los incipientes regímenes constitucionales y democráticos a lo largo del siglo XX. No obstante, la influencia del marxismo y corrientes de pensamiento que se inspiraban en él, propiciaron el reconocimiento de derechos de carácter colectivo o, lo que podría denominarse hoy, sociales, si bien centrados en las condiciones laborales y en la salud y seguridad de las personas. Prueba de ello es la Constitución de Weigmar y de otros textos constitucionales que ya no situaban exclusivamente a la persona y el haz de derechos que podía ejercer desde una perspectiva individual sino que todas aquellas facultades se enmarcaban en la pertenencia a un grupo. Hasta FORSTHOFF no se vislumbra un concepto de Derecho social como asistencial, más allá de la condición de trabajadora de la persona. La Administración asistencial debía definir las necesidades básicas de las personas, es decir, aquellas que le permitieran vivir en dignidad y desenvolverse en sociedad como seres humanos. A partir de esta construcción teórica, impulsada también por el contexto histórico de la segunda postguerra mundial y por otras teorías, como la francesa del servicio público, la doctrina comenzó a vincular los derechos sociales a necesidades individuales que, asimismo, se situaban en el eje de la democracia, del consenso, de la autonomía y la libertad, puesto que una persona que no puede satisfacer sus necesidades básicas, difícilmente puede participar en la comunidad, desarrollarse física o intelectualmente y, en consecuencia, se le impide ejercer sus derechos democráticos.Read More »

Comentari a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la LGUM – Clara Isabel Velasco Rico

El Tribunal Constitucional ha resolt per Sentència, de data vint-i-dos de juny de dos mil disset el recurs d’inconstitucionalitat núm. 1397-2014 presentat pel Parlament de Catalunya contra diversos preceptes de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat (LGUM), de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa (LJCA), i de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis (“Llei paraigües”). La magistrada ponent de la Sentència ha estat Encarna Roca Trías i la sentència no compta amb vots particulars.Read More »

La nueva consulta pública previa y el riesgo de desajuste en la coordinación de las aperturas participativas en el procedimiento de elaboración de reglamentos – César Cierco Seira

La consulta pública previa constituye una de las novedades más destacadas de la regulación de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos introducida por la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Se pretende, en lo esencial, que los ciudadanos puedan opinar sobre la puesta en marcha de la potestad normativa a propósito de una determinada materia e incidir con su participación cuando todavía están abiertas todas las opciones y no se ha esbozado un texto articulado, contribuyendo de este modo a orientar la misión de la futura norma y la definición de sus líneas maestras.

La aparición en escena de un trámite así, que carece, como es el caso, de una trayectoria previa en nuestro país y de antecedentes más o menos asimilables, provoca de inmediato que en las primeras glosas se invoque la natural prudencia acerca del cariz de su devenir. En cualquier caso, es evidente que la consulta pública previa tiene por delante un camino en que el que, de seguro, van a salir al paso una serie de riesgos que pueden comprometer, en mayor o menor medida, su feliz acoplamiento y su virtualidad plena en el procedimiento creativo de las normas, pensando ahora, específicamente, en el procedimiento de elaboración de los reglamentos.

Riesgos como los que traen causa de su formulación en clave electrónica o del listado bien generoso de excepciones que justifican su omisión. Detengámonos, empero, en uno muy particular que resulta esquivo en su identificación y más aún en la búsqueda de una solución armónica. Se trata de la difuminación de la sustantividad de la consulta pública previa, es decir, del riesgo a que se muestre difusa la identidad que concede a este trámite una especificidad propia en un marco donde son muchos los elementos del ordo productionis que reclaman protagonismo.Read More »