La universidad ante los comportamientos fraudulentos del alumnado – Anna Pallarès Serrano

Existe en la universidad pública española un problema de gran calado que merece una atención y una respuesta que no se debe demorar. La realidad es que las nuevas tecnologías han facilitado la proliferación de comportamientos fraudulentos y, ante ellos, la respuesta normativa la encontramos en un reglamento preconstitucional, en concreto, en el Decreto, de 8 de septiembre de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica. Este reglamento no responde a la protección de los valores sociales actuales, no contempla de manera específica los comportamientos fraudulentos que favorecen las tecnologías, ni aborda las cuestiones disciplinarias con los parámetros de un derecho administrativo sancionador con plenas garantías. Ante este panorama, el gobierno y el legislador no pueden continuar escondiendo la cabeza bajo el ala. Es evidente que encarar esta puesta al día del régimen disciplinario de los estudiantes universitarios es una tarea que generará polémica y desacuerdos y, seguramente, un desgaste para el gobierno que presente la iniciativa y el correspondiente proyecto de ley, pero esto no es motivo para evadir sus responsabilidades.

Mientras no cambie la situación, las universidades públicas capean la situación como pueden pero de una forma no siempre acorde con las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico.

Por un lado, un número muy reducido de universidades han optado por adaptar a la legalidad postconstitucional y por desarrollar el decreto estatal de 1954. Ahora bien esta actuación, por su propia naturaleza, tiene unos efectos limitados que no sirven para corregir la evidente inadecuación de la respuesta que da el Decreto 1954 a los comportamientos fraudulentos, en general, y al plagio, en particular. Por otro lado, esta realidad ha provocado que, prácticamente, todas las universidades públicas hayan abordado el problema de los comportamientos fraudulentos fuera del marco del Decreto 1954, por lo tanto, fuera de la órbita, en teoría, del derecho administrativo sancionador, para encarar la cuestión desde la normativa académica y/o de evaluación y/o de calificación de cada universidad. El problema es que muchas universidades bajo el paraguas de esta normativa académica y/o de evaluación y/o de calificación prevén una reacción disciplinaria sin cumplir con las garantías y requerimientos que exige nuestro derecho administrativo sancionador para ejercer la potestad disciplinaria.

 

Anna Pallarès Serrano
Profesora de derecho público. Universitat Rovira i Virgili

 

Consultad el artículo académico de la autora sobre la misma cuestión en el próximo número 56 de la Revista Catalana de Dret Públic (junio 2018).

 

 

 

Avançament de continguts de l’RCDP 56 de juny

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) preveu publicar el proper mes de juny el número 56 de la Revista Catalana de Dret Públic amb deu articles acadèmics, dels quals cinc corresponen a una secció monogràfica que durà per títol “L’impacte de la crisi econòmica en l’Administració pública”. En concret, el nou número inclourà l’anàlisi de les conseqüències de la Gran Recessió en els drets socials i les polítiques públiques de la Generalitat, l’ocupació pública, les finances públiques, la gestió dels serveis públics o la contractació pública. Les contribucions de la secció general abordaran l’expropiació temporal d’habitatges, el conflicte d’interessos en l’activitat parlamentària, els drets de les dones, la influència de les directives europees mediambientals sobre la legislació dels estats membres o la lluita contra els comportaments fraudulents en l’àmbit universitari, un tema de plena actualitat. Tots els articles han estat sotmesos a un sistema d’avaluació externa de doble cec. Destacarà també un dossier documental vinculat a la secció monogràfica que aplegarà molts dels recursos documentals, la normativa i la jurisprudència que s’ha generat al voltant de la mateixa matèria.

Avancem, a continuació, els continguts del proper número:Read More »

Drons: una oportunitat per a Catalunya? Reflexions jurídiques i propostes estratègiques – Marc Valls Estefanell

Una vegada més, la tecnologia ens posa a prova. Aquest cop, de la mà dels drons. El creixement del sector és imparable i les oportunitats econòmiques són infinites. Sigui com sigui, la proliferació d’aquests aparells obliga els estats a regular-ne l’ús. Però quin paper pot jugar Catalunya davant aquest escenari?

Els drons, tot i ser pilotats per control remot, són aeronaus i per això la legislació que se’ls aplica és l’aeronàutica que cada país ha desenvolupat d’acord amb la norma magna del dret aeronàutic, que és el Conveni de Chicago de 1944. Catalunya, tot i tenir competències per regular la indústria dels drons, no pot regular-ne el vol perquè no és un estat independent, factor clau per tenir sobirania plena i exclusiva en el seu espai aeri situat sobre el seu territori. Actualment, l’espai aeri espanyol està blindat, jurídicament parlant, tant pel Conveni de Chicago com per la Constitució espanyola i, conseqüentment, per la Llei 48/1960 sobre navegació aèria.

En definitiva, Catalunya o acaba sent un estat independent o no podrà regular l’ús dels drons. En el cas d’una Catalunya independent, hi poden haver diversos escenaris a l’hora de desenvolupar el règim jurídic sobre els drons, tenint en compte la pertinença o no a la UE.

El primer escenari per contemplar seria que Catalunya esdevingués un estat membre de la UE. En aquest cas, difícilment podria adoptar una legislació pròpia respecte dels drons, atès que, probablement, ja estaria en vigor la legislació europea al respecte, la qual serà d’aplicació obligatòria a tots els estats membres.Read More »

Observaciones sobre la financiación pública de las confesiones religiosas minoritarias – María del Mar Martín García

Las confesiones religiosas minoritarias que han sido declaradas de notorio arraigo en territorio español reciben financiación estatal a través de la destinación de ayudas económicas para algunas de sus actividades por medio de la Fundación Pluralismo y Convivencia (FPYC), lo que trae consigo una serie de dificultades que hacen surgir dudas sobre su justificación. Estas dificultades surgen a la luz de los principios de laicidad y de no discriminación que se deducen del reconocimiento de la libertad religiosa y del posicionamiento del Estado frente al hecho religioso obrado por la Constitución de 1978 (CE).

Hay que recordar que, aparte de las ayudas indirectas a través de beneficios fiscales a las confesiones religiosas y a sus entidades, existen actualmente dos sistemas de financiación de la libertad religiosa que implican ayudas económicas directas desde el erario a las confesiones: la asignación tributaria a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, destinada a la Iglesia católica, y las ayudas estatales a actividades de carácter cultural o social (se excluyen las de carácter estrictamente religioso) que lleven a cabo confesiones minoritarias que hayan sido declaradas de notorio arraigo en el territorio español, ayudas que se llevan a cabo a través de la FPYC, que es una fundación pública del sector estatal. Este último sistema es el que nos ocupa (me he ocupado de él más detenidamente en Martín García, María del Mar. «Fundaciones del sector público y financiación de la libertad religiosa en el derecho español». Revista Catalana de Dret Públic, núm. 55 (diciembre 2017), pp. 101-112, DOI: 10.2436/rcdp.i55.2017.3008).

Respecto a la figura de las fundaciones del sector público estatal hay que tener en cuenta que las entidades públicas no pueden ser consideradas titulares del derecho de fundación recogido en el artículo 34 de la CE, aunque pueden crear fundaciones —para el cumplimiento de sus fines con mayor versatilidad— porque el legislador se lo permite. Además, debido a la heteronomía de la Administración pública, es preciso añadir que toda fundación del sector público ha de estar justificada y ha de ser controlada en su actividad, y que ésta estará sometida a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia en su gestión.Read More »

El borrador de la Declaración de Copenhague sobre la efectividad del sistema europeo de garantía en el medio y largo plazo – Argelia Queralt Jiménez

Se ha abierto una etapa en el debate sobre la efectividad del sistema europeo de Derechos Humanos en el medio y largo plazo. Se está discutiendo actualmente el borrador de la Declaración de Copenhague, aprobado el 5 de febrero de 2018, y auspiciado por la presidencia danesa del Consejo de Europa (noviembre 2017-mayo 2018). Este borrador deberá ser ajustado, en su caso, a las críticas presentadas por diferentes agentes y en diferentes foros. El texto en forma de Declaración deberá ser presentado para su aprobación en la Conferencia de Alto Nivel que se celebrará en Copenhague los días 12 y 13 de abril de 2018.

Este texto ha sido discutido en varios foros eminentemente académicos durante las últimas semanas por relevantes expertos y expertas en la materia (muy recomendables los análisis en Strasbourgobservers y en Ejil-Talk). Y ello porque el redactado del borrador ha generado suspicacias, no sin razón, entre todos ellos. Aunque el todavía hoy borrador de Declaración se suma a anteriores procesos de mejora del sistema -las conferencias de Interlaken (2010), Izmir (2011), Brighton (2012) y Bruselas (2015)-, parece que del actual redactado preocupa no tanto el papel de los Estados en el sistema, ya que se asume su parte de responsabilidad y la necesidad de mejorar la implementación de los derechos del CEDH en el ámbito doméstico y la ejecución (cumplimiento) de las sentencias del TEDH, sino, más bien, en incrementar el control sobre la actividad del TEDH. Esta nueva aproximación es una muestra más de que el Tribunal de Estrasburgo resulta especialmente molesto para algunos Estados, como ponen de manifiesto las denominadas en jerga académica “resistencias” a la autoridad del TEDH. Insisto que esta es una lectura de la actual redacción del borrador de Declaración que, esperemos, será modificada atendiendo a las críticas provocadas y, sobre todo, a la respuesta ofrecida por el TEDH.Read More »