Derechos fundamentales para el día a día en la jurisprudencia del Tribunal Supremo – Mario Hernández Ramos

Es ya un lugar común que el ciudadano lego extraiga de la crónica diaria política e incluso judicial de los últimos años una impresión de que los poderes públicos y las grandes empresas pueden tomar casi cualquier tipo de decisiones ante las que el ciudadano está prácticamente inerme. La sensación de que los derechos fundamentales no suponen un freno real y efectivo en el día a día frente a las decisiones del poder público o de los grandes grupos económicos que protejan a la ciudadanía, contribuye a la desafección por un sistema político e institucional tan necesitado de reformas de calado. Sin embargo, tras un repaso a la jurisprudencia dictada por las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Civil del Tribunal Supremo del tercer cuatrimestre del 2017, esa impresión podría ser atemperada. Me gustaría hacer referencia a cuatro decisiones que tienen un común denominador: la defensa de las posiciones legítimas de personas o colectivos particulares frente a comportamientos poco considerados, arbitrarios e incluso abusivos, pero no por ello poco frecuentes en el día a día de las administraciones públicas y de las grandes empresas. De las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se va a dar cuenta de tres decisiones que dan la razón a funcionarios interinos, a opositores que no están dentro del engranaje administrativo y a ministros de las iglesias evangelistas. También se apunta una sentencia de la Sala de lo Civil que adopta una postura claramente proteccionista de los derechos de los consumidores y que intenta disuadir ciertas malas prácticas, que podrían denominarse como abusivas, de una empresa de telecomunicaciones. Todas esas decisiones esgrimen la defensa de derechos fundamentales, aún, inherentes a toda persona.Read More »

La protección de datos como eje de la jurisprudencia del Tribunal de Estasburgo sobre la privacidad del trabajador y el control empresarial – Ignacio García Vitoria

Cuatro Sentencias en seis meses. Dos decisiones del TEDH sobre el derecho a la privacidad de los trabajadores respecto al control empresarial están mereciendo una especial atención. La primera, dictada por la Gran Sala, Bărbulescu contra Rumanía, Sentencia de 5 septiembre 2017, se refiere al acceso al contenido de los mensajes personales enviados a través de una cuenta laboral, mientras que el objeto de la segunda, López Ribalda y otros contra España, Sentencia de 9 de enero de 2018, son las cámaras ocultas de vigilancia instaladas en un supermercado para detectar robos por parte de los empleados. Entre los comentarios publicados destaca el de Cristobal Molina Navarrete: “De «Bărbulescu II» a «López Ribalda»: ¿qué hay de nuevo en la protección de datos de los trabajadores?”, en Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social, Nº. 419, febrero 2018, págs. 115-123 (Prólogo) y 125-135.

Entre ambas, se cuela también en el análisis una tercera decisión, Antović y Mirković contra Montenegro, Sentencia de 28 de noviembre de 2017, que no se refiere a un problema laboral, sino a la desestimación de una demanda civil presentada por unos profesores que reclamaban una indemnización por la instalación de unas cámaras de vigilancia en varios auditorios de una facultad de matemáticas. Las cámaras ya habían sido retiradas tras una decisión de la agencia de protección de datos.

Y mientras escribimos estas páginas se ha publicado una cuarta Sentencia, Libert contra Francia, de 22 de febrero de 2018, en la que se enjuicia el acceso del empresario a los archivos del ordenador del trabajo. A diferencia de los tres casos anteriores, se desestima la vulneración del derecho a la vida privada del trabajador.

Conviene advertir que cada una de estas sentencias ha sido dictada por distintas formaciones del TEDH: por la Gran Sala (Bărbulescu) y las Secciones Segunda (Antović), Tercera (López Ribalda) y Quinta (Libert).Read More »

Les mesures de disciplina administrativa amb relació al fenomen del top manta – Roger Càmara Mas

El top manta és un fenomen que en els últims anys ha tingut un creixement importantíssim en molts municipis de la nostra zona, especialment els costaners. Per a aquests municipis constitueix un problema de primer ordre de difícil solució, i tot i que és l’últim esglaó d’una escala organitzada de comerç il·legal, és el més visible. Això suposa que moltes de les actuacions que es porten a terme es dirigeixen contra el col·lectiu de venedors ambulants, fet que provoca situacions conflictives amb les forces i cossos de seguretat i, també, problemes d’ordre públic. Diferents incidents s’han produït aquests últims anys, algun dels quals de fatal desenllaç, com la mort d’un ciutadà senegalès després d’una operació dels Mossos d’Esquadra contra el comerç il·legal (més informació aquí).

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Una aproximació compartida a la transparència i al bon govern – Agustí Cerrillo i Martínez, i Francesc Rodríguez Pontón

En els darrers anys s’han aprovat nombroses normes en matèria de transparència i bon govern tant al nostre país com arreu que han donat lloc a una multitud d’estudis, elaborats des de diferents disciplines i metodologies, sobre el seu contingut, la seva eficàcia, la seva necessitat o el seu impacte.

En el “Dossier sobre transparència i bon govern” inclòs en el darrer número de la Revista Catalana de Dret Públic, hem fet una selecció de materials entre el vast conjunt que s’ha generat en els darrers anys al voltant de la transparència i el bon govern, des d’una perspectiva d’anàlisi que permet a qualsevol lector, neòfit en la matèria o amb una trajectòria consolidada, aproximar-se o aprofundir en aquestes institucions.

L’elaboració del “Dossier sobre transparència i bon govern” ha estat un procés curós basat en les dimensions que, al nostre entendre, són les que caracteritzen l’extensió i l’anàlisi de la transparència i el bon govern en la darrera dècada: la dimensió territorial, la dimensió temàtica, la dimensió metodològica, la dimensió relativa a la tipologia de materials i la dimensió temporal.

En primer lloc, hem tingut en compte la dimensió territorial per recollir les diverses regulacions adoptades o impulsades des de diferents àmbits territorials d’exercici del poder. La presència del tema de la transparència i el bon govern és global, europea, nacional i local i, en aquest sentit, ha estat necessària una tasca de selecció en un espectre molt ampli d’àmbits de producció d’informació. Read More »

Amici curiae en el caso EE.UU. c. Microsoft – Germán M. Teruel Lozano

ßUn grupo de académicos pertenecientes a la Asociación de Constitucionalistas de España hemos tenido la oportunidad de participar como amici curiae en el writ of certiorari (o recurso de revisión) que se ha presentado ante el Tribunal Supremo norteamericano en el caso EE.UU. c. Microsoft, el cual versa sobre la legalidad de la orden de registro dictada en virtud de la Stored Communications Act (SCA) por la que la Fiscalía norteamericana pretendía acceder a ciertos correos electrónicos de una ciudadana irlandesa que estaban almacenados en Irlanda. Microsoft impugnó esta orden aduciendo que esta Ley no podía extender sus efectos extraterritorialmente si los datos están almacenados en otro país, cuando además existen cauces legales que establecen específicamente procedimientos para requerir este tipo de pruebas en investigaciones penales transfronterizas (en concreto, los Tratados de Asistencia Legal Mutua). Las pretensiones de Microsoft fueron desestimadas por el tribunal de distrito, pero el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos revisó la sentencia dando la razón a la compañía. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la revisión de esta sentencia por el Tribunal Supremo. Un proceso que está llamado a ser una referencia y que, como explica Greg Stohr, enfrenta a las autoridades públicas con la industria tecnológica, que se ha posicionado junto a Microsoft y que, por el momento, han dejado de atender a este tipo de órdenes paralizando importantes investigaciones penales. Una relevancia que se evidencia también en las numerosas entidades que han intervenido como amici curiae en este proceso (ver aquí). En concreto, el grupo de académicos españoles suscribimos el informe presentado por Privacy Internacional, al que también se sumaron otras organizaciones sobre derechos humanos y derechos digitales (ver aquí).Read More »