Observaciones sobre la financiación pública de las confesiones religiosas minoritarias – María del Mar Martín García

Las confesiones religiosas minoritarias que han sido declaradas de notorio arraigo en territorio español reciben financiación estatal a través de la destinación de ayudas económicas para algunas de sus actividades por medio de la Fundación Pluralismo y Convivencia (FPYC), lo que trae consigo una serie de dificultades que hacen surgir dudas sobre su justificación. Estas dificultades surgen a la luz de los principios de laicidad y de no discriminación que se deducen del reconocimiento de la libertad religiosa y del posicionamiento del Estado frente al hecho religioso obrado por la Constitución de 1978 (CE).

Hay que recordar que, aparte de las ayudas indirectas a través de beneficios fiscales a las confesiones religiosas y a sus entidades, existen actualmente dos sistemas de financiación de la libertad religiosa que implican ayudas económicas directas desde el erario a las confesiones: la asignación tributaria a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, destinada a la Iglesia católica, y las ayudas estatales a actividades de carácter cultural o social (se excluyen las de carácter estrictamente religioso) que lleven a cabo confesiones minoritarias que hayan sido declaradas de notorio arraigo en el territorio español, ayudas que se llevan a cabo a través de la FPYC, que es una fundación pública del sector estatal. Este último sistema es el que nos ocupa (me he ocupado de él más detenidamente en Martín García, María del Mar. «Fundaciones del sector público y financiación de la libertad religiosa en el derecho español». Revista Catalana de Dret Públic, núm. 55 (diciembre 2017), pp. 101-112, DOI: 10.2436/rcdp.i55.2017.3008).

Respecto a la figura de las fundaciones del sector público estatal hay que tener en cuenta que las entidades públicas no pueden ser consideradas titulares del derecho de fundación recogido en el artículo 34 de la CE, aunque pueden crear fundaciones —para el cumplimiento de sus fines con mayor versatilidad— porque el legislador se lo permite. Además, debido a la heteronomía de la Administración pública, es preciso añadir que toda fundación del sector público ha de estar justificada y ha de ser controlada en su actividad, y que ésta estará sometida a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia en su gestión.Read More »

El derecho a la no discriminación de las mujeres frente al discurso del odio – Maria Concepción Torres Díaz

El pasado 9 de febrero el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) fallaba una sentencia en la que condenaba a dos años y medio de cárcel a un tuitero por difundir mensajes de odio contra las mujeres y, en especial, contra las mujeres asesinadas por violencia machista. La sentencia se dicta en pleno debate actual sobre la libertad de expresión en España y su afectación, en concreto, al ámbito de la creación artística tras la condena del rapero Valtònyc, el secuestro del libro de Nacho Carretero y la retirada de la obra de Santiago Sierra de la feria de Arco. Sin duda, el momento actual obliga a analizar cada caso concreto partiendo del marco de interpretación constitucional. De ahí la importancia de centrar las presentes líneas en el comentario de la STS 72/2018, de 9 de febrero y todo ello en aras de determinar qué es lo que se dice (y cómo) pero, muy especialmente, que es lo que se busca proteger – bien jurídico protegido – con la tipificación del discurso del odio, máxime cuando éste va dirigido contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Vayamos por partes:

  • La tipificación del delito del odio se ubica en el art. 510 del Código Penal. Un precepto que fue objeto de modificación – no exento de polémicas por su endurecimiento – a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal.
  • Su ubicación sistemática – en el Código Penal – se encuentra en Libro II, Título XXI (Delitos contra la Constitución), Capítulo IV (De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas).
  • Por tanto, se está ante delitos cometidos con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas y, en este caso concreto, de la libertad de expresión.
  • No obstante, conviene precisar que el bien jurídico protegido – en los casos de delitos de odio – no es otro que el derecho a la no discriminación como derecho autónomo con respecto al derecho a la igualdad (art. 14 CE) con una innegable dimensión constitucional en cuanto conectado directamente – por su posible afectación – con la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
  • Obviamente, aludir al derecho a la no discriminación implica tener en cuenta, a sensu contrario, la dimensión positiva del respeto a la diferencia.
  • Además, con respecto a las conductas susceptibles de subsumirse en el art. 510.1º CP conviene precisar que se está ante delitos de mera puesta en peligro – peligro abstracto – y, por tanto, no se exige la efectiva lesión del bien jurídico que – en el caso objeto de comentario – no es otro que la no discriminación.

Read More »

La protección de datos como eje de la jurisprudencia del Tribunal de Estasburgo sobre la privacidad del trabajador y el control empresarial – Ignacio García Vitoria

Cuatro Sentencias en seis meses. Dos decisiones del TEDH sobre el derecho a la privacidad de los trabajadores respecto al control empresarial están mereciendo una especial atención. La primera, dictada por la Gran Sala, Bărbulescu contra Rumanía, Sentencia de 5 septiembre 2017, se refiere al acceso al contenido de los mensajes personales enviados a través de una cuenta laboral, mientras que el objeto de la segunda, López Ribalda y otros contra España, Sentencia de 9 de enero de 2018, son las cámaras ocultas de vigilancia instaladas en un supermercado para detectar robos por parte de los empleados. Entre los comentarios publicados destaca el de Cristobal Molina Navarrete: “De «Bărbulescu II» a «López Ribalda»: ¿qué hay de nuevo en la protección de datos de los trabajadores?”, en Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social, Nº. 419, febrero 2018, págs. 115-123 (Prólogo) y 125-135.

Entre ambas, se cuela también en el análisis una tercera decisión, Antović y Mirković contra Montenegro, Sentencia de 28 de noviembre de 2017, que no se refiere a un problema laboral, sino a la desestimación de una demanda civil presentada por unos profesores que reclamaban una indemnización por la instalación de unas cámaras de vigilancia en varios auditorios de una facultad de matemáticas. Las cámaras ya habían sido retiradas tras una decisión de la agencia de protección de datos.

Y mientras escribimos estas páginas se ha publicado una cuarta Sentencia, Libert contra Francia, de 22 de febrero de 2018, en la que se enjuicia el acceso del empresario a los archivos del ordenador del trabajo. A diferencia de los tres casos anteriores, se desestima la vulneración del derecho a la vida privada del trabajador.

Conviene advertir que cada una de estas sentencias ha sido dictada por distintas formaciones del TEDH: por la Gran Sala (Bărbulescu) y las Secciones Segunda (Antović), Tercera (López Ribalda) y Quinta (Libert).Read More »

Cuarta revolución industrial y desafíos del gobierno – Julio González

La cuarta revolución industrial está aquí. Una revolución que está caracterizada por la digitalización, por la Inteligencia Artificial y aprendizaje de las máquinas. Vendrán cambios dramáticos en relación con la robótica, la impresión 3D, la nanotecnología y la biotecnología, ciencia de los materiales, por citar sólo algunos de los avances que se prevén. Una revolución que no sólo va a consistir en cambios tecnológicos sino que resultará relevante por su magnitud y por la velocidad a la que se va a desarrollar.

El Gobierno, los gobiernos, están en el centro de esta revolución. De entrada, porque serán responsables de que el acceso a la tecnología cree más ciudadanos incluidos en la sociedad global y sus beneficios. Asimismo, deberán ser conscientes del conflicto que siempre surge entre el favorecer el avance tecnológico o limitarlo y de las consecuencias que en todos los campos va a tener para el desarrollo normal de la acción de Gobierno.

Todo ello combinado con la realidad de la facilidad que tiene la deslocalización de actividades y de presencia virtual del individuo -a través de las VPN-, con lo que supone de limitación en su actividad de supervisión y el efecto negativo sobre la recaudación fiscal.

Algo que no se está analizando suficientemente en nuestro país a pesar de que lo tenemos encima. El contraste con el Informe de la Administración Obama en relación con el impacto de la Inteligencia Artificial es muy considerable.Read More »

8 de març: dia de les dones

Avui, per commemorar el Dia Internacional de les Dones, publiquem tres peces relatives a tres àmbits diferents on es fa palesa la desigualtat que encara avui subsisteix entre dones i homes: presència i participació política, desigualtat institucional i, finalment, bretxa salarial. Aquestes són només tres proves que les desigualtats entre homes i dones, les desigualtats de gènere, persisteixen en els nostres dies, i que no només afecten la vida de les dones avui sinó que tenen repercussions en etapes futures de la vida de les dones d’avui, per exemple, en les seves pensions.

La professora Lidia Fernández posa de manifest en el seu text que estem molt lluny encara d’aconseguir la paritat en l’àmbit de la política.  Com ella mateixa assenyala, només dos parlaments a l’Estat espanyol compten amb més diputades que diputats, i només un 19,09% de les alcaldies estan liderades per una dona. Si ho traslladem a l’àmbit de Catalunya, i prenem com a referència les dades de l’ICD, tenim que només 52 membres del Parlament són dones i que, per tant, només un 38,5% són diputades, mentre que el 61,5% són diputats. En l’àmbit dels ajuntaments, per prendre la mateixa dada, només el 18,4% estan governants per alcaldesses.

Aida Ruiz posa l’accent sobre els retrocessos que han patit les garanties i mecanismes institucionals creats per la tutela i promoció de la igualtat entre homes i dones, tant a l’Estat com a Catalunya. La crisi econòmica i les retallades han incidit molt negativament en l’àmbit de la igualtat de gènere.

Per últim, Ignasi Camós  posa en relleu una dada esfereïdora: “la pensió mitjana de les dones és un 37,91% més baixa que la dels homes”. Això implica, també, uns nivells de desigualtat econòmica molt punyents que tenen les seves conseqüències en la qualitat de vida de les dones.Read More »