Com va incidir la crisi econòmica en les finances de la Generalitat? – Núria Bosch Roca

La crisi econòmica iniciada el 2008, i que es va allargar fins a temps recents, va perjudicar greument les finances de la Generalitat, i les deficiències del sistema de finançament i les polítiques de consolidació fiscal de l’Estat, que van centrifugar el dèficit cap a les comunitats autònomes (CA), van empitjorar la situació.

L’esclat de la bombolla immobiliària és el que va ocasionar la crisi econòmica a Espanya, i es va deixar notar principalment a partir del 2008. El nostre model econòmic basat en la construcció i no en sectors competitius, la política de diner fàcil i la falta de reformes estructurals són les causes que van influir en l’extensió ràpida de la crisi. Aquesta es pot dividir en dos períodes: el primer, 2007-2009, en què es va abordar la crisi amb polítiques expansives de despesa, però que encara la van agreujar més perquè no era el tipus de despesa que reactivava l’economia; el segon, 2010-2013, en què es van començar a adoptar les polítiques de consolidació fiscal imposades per la UE. D’aquest període cal destacar la reforma de l’article 135 de la CE, on es va consagrar el principi d’estabilitat pressupostària, i el seu posterior desenvolupament en la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).

Entre 2008 i 2009 el PIB de Catalunya va caure a una taxa negativa del 3,34 %, i va assolir el seu valor nominal mínim el 2013, amb un valor de 193.126 milions d’euros, mentre que el 2008 era de 209.005 milions. A partir de 2014 va tornar a tenir taxes de creixement positives, i el 2016 va arribar a 212.804 milions d’euros.Read More »

Defectos sin virtudes de la expropiación temporal de viviendas – Cristina Argelich Comelles

El presente escrito tiene como objetivo analizar sucintamente los principales defectos que plantea la expropiación temporal de viviendas, precisar las modificaciones que se producen en el procedimiento expropiatorio de urgencia cuando se tiene que aplicar en este ámbito, y proponer unas alternativas de lege ferenda al respecto. La versión completa de estas reflexiones puede encontrarse en el artículo titulado “Expropiación temporal de viviendas: alteraciones en el denominado procedimiento de urgencia y propuestas de enmienda”, publicado en el número 56 de la Revista Catalana de Dret Públic.

Los primeros problemas son de carácter competencial, pues esta legislación afecta a la competencia estatal en materia de expropiación forzosa, prevista en el art. 149.1.18ª CE (Constitución Española), y al contenido esencial del derecho de propiedad, dispuesto en el art. 33 CE, que goza de reserva de ley estatal según el art. 53 CE. Asimismo, el objeto de la expropiación plantea dificultades para la constitución del arrendamiento posterior, puesto que en la mayoría de autonomías recae sobre el uso, de carácter indisponible de conformidad con el art. 525 CC (Código Civil), mientras que en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Extremadura se refiere al usufructo, que es disponible y permite obtener frutos sin ninguna restricción. Para que esta aparente imposibilidad jurídica de arrendar una vivienda sobre la que la Administración solamente ha expropiado el derecho de uso no convierta el arrendamiento en una imposibilidad material, podemos concluir que aunque el uso y el usufructo no son derechos asimilables ni equivalentes, ambos deben permitir ceder la vivienda de manera forzosa para cumplir con el fin de la expropiación. Por otra parte, la determinación del sujeto expropiado plantea inconvenientes de encaje constitucional, ya que en prácticamente todas las normas se determina que el sujeto pasivo sea una persona jurídica, en concreto las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, excluyendo a las personas físicas, pese a encajar en el supuesto de hecho habilitador de las normas.Read More »

La crisi i els drets socials en les polítiques públiques de la Generalitat – Marc Carrillo

L’examen de les polítiques socials de la Generalitat en els darrers deu anys indica que essencialment depenen de tres variables: els efectes de la crisi financera iniciada la passada dècada; l’abast i els límits de les funcions del Parlament i dels òrgans jurisdiccionals per garantir l’exercici efectiu dels drets socials, i els problemes estructurals del sistema de distribució de competències establert per la Constitució i l’Estatut. Així, la garantia efectiva enfront dels efectes de la crisi ha estat condicionada per les limitacions financeres i, especialment, pel procés centralitzador d’absorció de competències executives per part de l’Estat, sobretot en serveis socials, formació professional o educació.

Els efectes derivats de la crisi econòmica que ha afectat amb especial intensitat Catalunya i el conjunt d’Espanya han tingut un impacte molt notable en les polítiques socials el marc competencial de les quals correspon a la Generalitat de Catalunya. Aquest impacte ha incidit sobre els drets de l’àmbit social reconeguts tant per la Constitució (CE) com per l’Estatut (EAC). No solament sobre els drets que tenen la condició de fonamentals, com el dret a l’educació (art. 27 CE, art. 21 EAC) o el dret a la negociació col·lectiva (art.37 CE), sinó també sobre els anomenats principis rectors de la vida social i econòmica (cap. III, títol I CE i cap. V, títol I EAC).Read More »

Observaciones sobre la financiación pública de las confesiones religiosas minoritarias – María del Mar Martín García

Las confesiones religiosas minoritarias que han sido declaradas de notorio arraigo en territorio español reciben financiación estatal a través de la destinación de ayudas económicas para algunas de sus actividades por medio de la Fundación Pluralismo y Convivencia (FPYC), lo que trae consigo una serie de dificultades que hacen surgir dudas sobre su justificación. Estas dificultades surgen a la luz de los principios de laicidad y de no discriminación que se deducen del reconocimiento de la libertad religiosa y del posicionamiento del Estado frente al hecho religioso obrado por la Constitución de 1978 (CE).

Hay que recordar que, aparte de las ayudas indirectas a través de beneficios fiscales a las confesiones religiosas y a sus entidades, existen actualmente dos sistemas de financiación de la libertad religiosa que implican ayudas económicas directas desde el erario a las confesiones: la asignación tributaria a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, destinada a la Iglesia católica, y las ayudas estatales a actividades de carácter cultural o social (se excluyen las de carácter estrictamente religioso) que lleven a cabo confesiones minoritarias que hayan sido declaradas de notorio arraigo en el territorio español, ayudas que se llevan a cabo a través de la FPYC, que es una fundación pública del sector estatal. Este último sistema es el que nos ocupa (me he ocupado de él más detenidamente en Martín García, María del Mar. «Fundaciones del sector público y financiación de la libertad religiosa en el derecho español». Revista Catalana de Dret Públic, núm. 55 (diciembre 2017), pp. 101-112, DOI: 10.2436/rcdp.i55.2017.3008).

Respecto a la figura de las fundaciones del sector público estatal hay que tener en cuenta que las entidades públicas no pueden ser consideradas titulares del derecho de fundación recogido en el artículo 34 de la CE, aunque pueden crear fundaciones —para el cumplimiento de sus fines con mayor versatilidad— porque el legislador se lo permite. Además, debido a la heteronomía de la Administración pública, es preciso añadir que toda fundación del sector público ha de estar justificada y ha de ser controlada en su actividad, y que ésta estará sometida a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia en su gestión.Read More »

El derecho a la no discriminación de las mujeres frente al discurso del odio – Maria Concepción Torres Díaz

El pasado 9 de febrero el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) fallaba una sentencia en la que condenaba a dos años y medio de cárcel a un tuitero por difundir mensajes de odio contra las mujeres y, en especial, contra las mujeres asesinadas por violencia machista. La sentencia se dicta en pleno debate actual sobre la libertad de expresión en España y su afectación, en concreto, al ámbito de la creación artística tras la condena del rapero Valtònyc, el secuestro del libro de Nacho Carretero y la retirada de la obra de Santiago Sierra de la feria de Arco. Sin duda, el momento actual obliga a analizar cada caso concreto partiendo del marco de interpretación constitucional. De ahí la importancia de centrar las presentes líneas en el comentario de la STS 72/2018, de 9 de febrero y todo ello en aras de determinar qué es lo que se dice (y cómo) pero, muy especialmente, que es lo que se busca proteger – bien jurídico protegido – con la tipificación del discurso del odio, máxime cuando éste va dirigido contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Vayamos por partes:

  • La tipificación del delito del odio se ubica en el art. 510 del Código Penal. Un precepto que fue objeto de modificación – no exento de polémicas por su endurecimiento – a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal.
  • Su ubicación sistemática – en el Código Penal – se encuentra en Libro II, Título XXI (Delitos contra la Constitución), Capítulo IV (De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas).
  • Por tanto, se está ante delitos cometidos con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas y, en este caso concreto, de la libertad de expresión.
  • No obstante, conviene precisar que el bien jurídico protegido – en los casos de delitos de odio – no es otro que el derecho a la no discriminación como derecho autónomo con respecto al derecho a la igualdad (art. 14 CE) con una innegable dimensión constitucional en cuanto conectado directamente – por su posible afectación – con la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
  • Obviamente, aludir al derecho a la no discriminación implica tener en cuenta, a sensu contrario, la dimensión positiva del respeto a la diferencia.
  • Además, con respecto a las conductas susceptibles de subsumirse en el art. 510.1º CP conviene precisar que se está ante delitos de mera puesta en peligro – peligro abstracto – y, por tanto, no se exige la efectiva lesión del bien jurídico que – en el caso objeto de comentario – no es otro que la no discriminación.

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