El borrador de la Declaración de Copenhague sobre la efectividad del sistema europeo de garantía en el medio y largo plazo – Argelia Queralt Jiménez

Se ha abierto una etapa en el debate sobre la efectividad del sistema europeo de Derechos Humanos en el medio y largo plazo. Se está discutiendo actualmente el borrador de la Declaración de Copenhague, aprobado el 5 de febrero de 2018, y auspiciado por la presidencia danesa del Consejo de Europa (noviembre 2017-mayo 2018). Este borrador deberá ser ajustado, en su caso, a las críticas presentadas por diferentes agentes y en diferentes foros. El texto en forma de Declaración deberá ser presentado para su aprobación en la Conferencia de Alto Nivel que se celebrará en Copenhague los días 12 y 13 de abril de 2018.

Este texto ha sido discutido en varios foros eminentemente académicos durante las últimas semanas por relevantes expertos y expertas en la materia (muy recomendables los análisis en Strasbourgobservers y en Ejil-Talk). Y ello porque el redactado del borrador ha generado suspicacias, no sin razón, entre todos ellos. Aunque el todavía hoy borrador de Declaración se suma a anteriores procesos de mejora del sistema -las conferencias de Interlaken (2010), Izmir (2011), Brighton (2012) y Bruselas (2015)-, parece que del actual redactado preocupa no tanto el papel de los Estados en el sistema, ya que se asume su parte de responsabilidad y la necesidad de mejorar la implementación de los derechos del CEDH en el ámbito doméstico y la ejecución (cumplimiento) de las sentencias del TEDH, sino, más bien, en incrementar el control sobre la actividad del TEDH. Esta nueva aproximación es una muestra más de que el Tribunal de Estrasburgo resulta especialmente molesto para algunos Estados, como ponen de manifiesto las denominadas en jerga académica “resistencias” a la autoridad del TEDH. Insisto que esta es una lectura de la actual redacción del borrador de Declaración que, esperemos, será modificada atendiendo a las críticas provocadas y, sobre todo, a la respuesta ofrecida por el TEDH.Read More »

El derecho a la no discriminación de las mujeres frente al discurso del odio – Maria Concepción Torres Díaz

El pasado 9 de febrero el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) fallaba una sentencia en la que condenaba a dos años y medio de cárcel a un tuitero por difundir mensajes de odio contra las mujeres y, en especial, contra las mujeres asesinadas por violencia machista. La sentencia se dicta en pleno debate actual sobre la libertad de expresión en España y su afectación, en concreto, al ámbito de la creación artística tras la condena del rapero Valtònyc, el secuestro del libro de Nacho Carretero y la retirada de la obra de Santiago Sierra de la feria de Arco. Sin duda, el momento actual obliga a analizar cada caso concreto partiendo del marco de interpretación constitucional. De ahí la importancia de centrar las presentes líneas en el comentario de la STS 72/2018, de 9 de febrero y todo ello en aras de determinar qué es lo que se dice (y cómo) pero, muy especialmente, que es lo que se busca proteger – bien jurídico protegido – con la tipificación del discurso del odio, máxime cuando éste va dirigido contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Vayamos por partes:

  • La tipificación del delito del odio se ubica en el art. 510 del Código Penal. Un precepto que fue objeto de modificación – no exento de polémicas por su endurecimiento – a través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal.
  • Su ubicación sistemática – en el Código Penal – se encuentra en Libro II, Título XXI (Delitos contra la Constitución), Capítulo IV (De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas).
  • Por tanto, se está ante delitos cometidos con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas y, en este caso concreto, de la libertad de expresión.
  • No obstante, conviene precisar que el bien jurídico protegido – en los casos de delitos de odio – no es otro que el derecho a la no discriminación como derecho autónomo con respecto al derecho a la igualdad (art. 14 CE) con una innegable dimensión constitucional en cuanto conectado directamente – por su posible afectación – con la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
  • Obviamente, aludir al derecho a la no discriminación implica tener en cuenta, a sensu contrario, la dimensión positiva del respeto a la diferencia.
  • Además, con respecto a las conductas susceptibles de subsumirse en el art. 510.1º CP conviene precisar que se está ante delitos de mera puesta en peligro – peligro abstracto – y, por tanto, no se exige la efectiva lesión del bien jurídico que – en el caso objeto de comentario – no es otro que la no discriminación.

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Derechos fundamentales para el día a día en la jurisprudencia del Tribunal Supremo – Mario Hernández Ramos

Es ya un lugar común que el ciudadano lego extraiga de la crónica diaria política e incluso judicial de los últimos años una impresión de que los poderes públicos y las grandes empresas pueden tomar casi cualquier tipo de decisiones ante las que el ciudadano está prácticamente inerme. La sensación de que los derechos fundamentales no suponen un freno real y efectivo en el día a día frente a las decisiones del poder público o de los grandes grupos económicos que protejan a la ciudadanía, contribuye a la desafección por un sistema político e institucional tan necesitado de reformas de calado. Sin embargo, tras un repaso a la jurisprudencia dictada por las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Civil del Tribunal Supremo del tercer cuatrimestre del 2017, esa impresión podría ser atemperada. Me gustaría hacer referencia a cuatro decisiones que tienen un común denominador: la defensa de las posiciones legítimas de personas o colectivos particulares frente a comportamientos poco considerados, arbitrarios e incluso abusivos, pero no por ello poco frecuentes en el día a día de las administraciones públicas y de las grandes empresas. De las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se va a dar cuenta de tres decisiones que dan la razón a funcionarios interinos, a opositores que no están dentro del engranaje administrativo y a ministros de las iglesias evangelistas. También se apunta una sentencia de la Sala de lo Civil que adopta una postura claramente proteccionista de los derechos de los consumidores y que intenta disuadir ciertas malas prácticas, que podrían denominarse como abusivas, de una empresa de telecomunicaciones. Todas esas decisiones esgrimen la defensa de derechos fundamentales, aún, inherentes a toda persona.Read More »

La protección de datos como eje de la jurisprudencia del Tribunal de Estasburgo sobre la privacidad del trabajador y el control empresarial – Ignacio García Vitoria

Cuatro Sentencias en seis meses. Dos decisiones del TEDH sobre el derecho a la privacidad de los trabajadores respecto al control empresarial están mereciendo una especial atención. La primera, dictada por la Gran Sala, Bărbulescu contra Rumanía, Sentencia de 5 septiembre 2017, se refiere al acceso al contenido de los mensajes personales enviados a través de una cuenta laboral, mientras que el objeto de la segunda, López Ribalda y otros contra España, Sentencia de 9 de enero de 2018, son las cámaras ocultas de vigilancia instaladas en un supermercado para detectar robos por parte de los empleados. Entre los comentarios publicados destaca el de Cristobal Molina Navarrete: “De «Bărbulescu II» a «López Ribalda»: ¿qué hay de nuevo en la protección de datos de los trabajadores?”, en Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social, Nº. 419, febrero 2018, págs. 115-123 (Prólogo) y 125-135.

Entre ambas, se cuela también en el análisis una tercera decisión, Antović y Mirković contra Montenegro, Sentencia de 28 de noviembre de 2017, que no se refiere a un problema laboral, sino a la desestimación de una demanda civil presentada por unos profesores que reclamaban una indemnización por la instalación de unas cámaras de vigilancia en varios auditorios de una facultad de matemáticas. Las cámaras ya habían sido retiradas tras una decisión de la agencia de protección de datos.

Y mientras escribimos estas páginas se ha publicado una cuarta Sentencia, Libert contra Francia, de 22 de febrero de 2018, en la que se enjuicia el acceso del empresario a los archivos del ordenador del trabajo. A diferencia de los tres casos anteriores, se desestima la vulneración del derecho a la vida privada del trabajador.

Conviene advertir que cada una de estas sentencias ha sido dictada por distintas formaciones del TEDH: por la Gran Sala (Bărbulescu) y las Secciones Segunda (Antović), Tercera (López Ribalda) y Quinta (Libert).Read More »

Les mesures de disciplina administrativa amb relació al fenomen del top manta – Roger Càmara Mas

El top manta és un fenomen que en els últims anys ha tingut un creixement importantíssim en molts municipis de la nostra zona, especialment els costaners. Per a aquests municipis constitueix un problema de primer ordre de difícil solució, i tot i que és l’últim esglaó d’una escala organitzada de comerç il·legal, és el més visible. Això suposa que moltes de les actuacions que es porten a terme es dirigeixen contra el col·lectiu de venedors ambulants, fet que provoca situacions conflictives amb les forces i cossos de seguretat i, també, problemes d’ordre públic. Diferents incidents s’han produït aquests últims anys, algun dels quals de fatal desenllaç, com la mort d’un ciutadà senegalès després d’una operació dels Mossos d’Esquadra contra el comerç il·legal (més informació aquí).

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