Defectos sin virtudes de la expropiación temporal de viviendas – Cristina Argelich Comelles

El presente escrito tiene como objetivo analizar sucintamente los principales defectos que plantea la expropiación temporal de viviendas, precisar las modificaciones que se producen en el procedimiento expropiatorio de urgencia cuando se tiene que aplicar en este ámbito, y proponer unas alternativas de lege ferenda al respecto. La versión completa de estas reflexiones puede encontrarse en el artículo titulado “Expropiación temporal de viviendas: alteraciones en el denominado procedimiento de urgencia y propuestas de enmienda”, publicado en el número 56 de la Revista Catalana de Dret Públic.

Los primeros problemas son de carácter competencial, pues esta legislación afecta a la competencia estatal en materia de expropiación forzosa, prevista en el art. 149.1.18ª CE (Constitución Española), y al contenido esencial del derecho de propiedad, dispuesto en el art. 33 CE, que goza de reserva de ley estatal según el art. 53 CE. Asimismo, el objeto de la expropiación plantea dificultades para la constitución del arrendamiento posterior, puesto que en la mayoría de autonomías recae sobre el uso, de carácter indisponible de conformidad con el art. 525 CC (Código Civil), mientras que en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Extremadura se refiere al usufructo, que es disponible y permite obtener frutos sin ninguna restricción. Para que esta aparente imposibilidad jurídica de arrendar una vivienda sobre la que la Administración solamente ha expropiado el derecho de uso no convierta el arrendamiento en una imposibilidad material, podemos concluir que aunque el uso y el usufructo no son derechos asimilables ni equivalentes, ambos deben permitir ceder la vivienda de manera forzosa para cumplir con el fin de la expropiación. Por otra parte, la determinación del sujeto expropiado plantea inconvenientes de encaje constitucional, ya que en prácticamente todas las normas se determina que el sujeto pasivo sea una persona jurídica, en concreto las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, excluyendo a las personas físicas, pese a encajar en el supuesto de hecho habilitador de las normas.Read More »

La crisi i els drets socials en les polítiques públiques de la Generalitat – Marc Carrillo

L’examen de les polítiques socials de la Generalitat en els darrers deu anys indica que essencialment depenen de tres variables: els efectes de la crisi financera iniciada la passada dècada; l’abast i els límits de les funcions del Parlament i dels òrgans jurisdiccionals per garantir l’exercici efectiu dels drets socials, i els problemes estructurals del sistema de distribució de competències establert per la Constitució i l’Estatut. Així, la garantia efectiva enfront dels efectes de la crisi ha estat condicionada per les limitacions financeres i, especialment, pel procés centralitzador d’absorció de competències executives per part de l’Estat, sobretot en serveis socials, formació professional o educació.

Els efectes derivats de la crisi econòmica que ha afectat amb especial intensitat Catalunya i el conjunt d’Espanya han tingut un impacte molt notable en les polítiques socials el marc competencial de les quals correspon a la Generalitat de Catalunya. Aquest impacte ha incidit sobre els drets de l’àmbit social reconeguts tant per la Constitució (CE) com per l’Estatut (EAC). No solament sobre els drets que tenen la condició de fonamentals, com el dret a l’educació (art. 27 CE, art. 21 EAC) o el dret a la negociació col·lectiva (art.37 CE), sinó també sobre els anomenats principis rectors de la vida social i econòmica (cap. III, títol I CE i cap. V, títol I EAC).Read More »

Derecho de asilo en perspectiva de género: Estudio de la protección que brindan el derecho internacional y el español ante las persecuciones por motivos de género – Marta Alzueta

Una de las contradicciones del siglo XXI radica en que de iure existen una gran variedad de instrumentos de protección en materia de derechos humanos, pero de facto muchas personas ven violados sus derechos de forma sistemática, mediante actos de persecución y discriminación.

La persecución por motivos de género (PMG), en este caso bajo el paraguas del derecho de asilo, hace referencia a las violaciones de derechos humanos graves, sistemáticas o continuadas que sufren las personas motivadas por las asignaciones de género. Este tipo de persecuciones giran entorno a tres aspectos: I) se trata de actos de persecución reflejo de la violencia estructural contra las mujeres; II) se materializan, en su mayoría, a través de la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mismas; y III) se dan mayoritariamente en el ámbito familiar y privado, lo que dificulta enormemente la posibilidad de probar la persecución sufrida.

El asilo se configura como un instrumento legal de protección para la defensa de personas nacionales de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos. Sin embargo, la regulación del derecho de asilo a nivel internacional conserva los principales elementos característicos sobre los que se configuró e invisibiliza la persecución que muchas mujeres sufren por razón de género.

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Subida del IRPF: algunas reflexiones jurídicas – José María Tovillas Morán

La vuelta de las vacaciones nos está sorprendiendo con la posibilidad de una próxima subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las rentas superiores a 150.000 euros. Tal subida afectaría a 90.788 contribuyentes y aportaría unos ingresos adicionales de 400 millones.

Estas noticias merecen ser objeto de análisis jurídico dado las especialidades de la regulación del IRPF español.

El IRPF es un impuesto cedido en cuanto a la recaudación y a determinados aspectos de su regulación a las Comunidades Autónomas de régimen común. Como consecuencia de ello, cada Comunidad tiene derecho a percibir el 50 % de la recaudación del IRPF proveniente de las personas que residen en esa Comunidad.

Desde el punto de vista de la normativa del IRPF, una de sus particularidades —y se trata de un caso casi único en el mundo— estriba en el hecho de que existen dos tarifas que han de aplicarse a los contribuyentes por las rentas derivadas del trabajo, de actividades económicas y de rendimientos del capital inmobiliario: la tarifa estatal y la tarifa autonómica o complementaria. La tarifa autonómica es regulada por el poder legislativo de cada Comunidad Autónoma, siendo el único límite previsto en la LOFCA que sea de carácter progresivo. Por lo tanto, no existen restricciones en cuanto al número de tramos, tipos mínimos o tipos máximos.Read More »

El blog de l’RCDP se’n va de vacances

Des de principi d’any hem anat publicant els apunts amb periodicitat setmanal, cosa que ens ha permès arribar a l’agost amb 25 col·laboracions durant l’any 2018. Pel que fa al nombre de visites aquest primer semestre, el blog ha obtingut 16.873 visitants únics i 22.715 visites totals. Això representa un increment respecte les mateixes xifres de l’any passat (13.106 visitants únics i 20.427 visites totals). Per més detalls podeu consultar aquest enllaç.

Però, com molts de vosaltres, el blog de la Revista Catalana de Dret Públic se’n va de vacances, per tornar el proper 12 de setembre amb un nou enfocament i nous col·laboradors. Gaudiu, doncs, del descans estival i, si en teniu oportunitat, rellegiu, o simplement llegiu, alguns dels apunts publicats.

Bones vacances!!!