La conflictivitat competencial entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya pendent de resolució del Tribunal Constitucional  –  Ramon Riu Fortuny

Després de l’1 d’octubre i del llarg període en el qual han estat en vigor les mesures  autoritzades pel Senat en aplicació de l’art. 155 de la Constitució, al mes de juny de 2018 s’han format nous governs de la Generalitat i de l’Estat, han iniciat uns contactes formals i s’han compromès a establir un diàleg per buscar solucions a la problemàtica relació entre Catalunya i l’Estat espanyol. És un bon moment per fer un breu inventari de la conflictivitat competencial que es troba plantejada en nombrosos processos pendents de resolució del Tribunal Constitucional, ja siguin recursos d’inconstitucionalitat (en endavant RI) o conflictes de competència (en endavant CC). En funció de si canvien les normes estatals o de la Generalitat contraposades en aquestes controvèrsies, o bé potser si canvia la interpretació de l’abast de les respectives competències, es podria arribar a punts de coincidència que permetrien donar solució extraprocessal a alguns d’aquests litigis.

El TC sovint no segueix un criteri estrictament cronològic en la solució dels procediments de la conflictivitat, sinó que un cop ha resolt una controvèrsia competencial acostuma a resoldre també en aplicació del mateix criteri doctrinal els altres procediments plantejats entorn de la mateixa matèria.  Possiblement, una negociació política adreçada a la solució de la conflictivitat competencial també podria fer un tractament dels litigis plantejats de forma agrupada per matèries. Per això, podem confegir aquest inventari mirant d’agrupar per matèries competencials els 23 recursos d’inconstitucionalitat i conflictes de competència que enfronten la Generalitat amb l’Estat i que actualment es troben plantejats i pendents de resolució per part del TC.Read More »

STC 152/2017, sobre el caso Castor: un problema jurídica, social y políticamente inacabado – Julio González García

El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, otorgó a Escal UGS, S. L., la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado «Castor». No es la única concesión de estas características que tenemos en España, pero, sin embargo, por las condiciones de la localización y la actuación ulterior del Gobierno es la que ha ocasionado un grave problema social, político y jurídico, como ya he tenido ocasión de poner de manifiesto en 2015 y en 2018.

Los hechos

En 2008 se otorgó una concesión por treinta años, prorrogables por dos periodos de diez. Es una concesión que tiene un origen remoto en un permiso de investigación otorgado en 1996 y que motivó, tras numerosas peripecias, se transformara en una concesión solicitada por el concesionario como derivación del permiso de investigación en el año 2006. Este es un dato relevante a los efectos del conocimiento que tenía la empresa de las condiciones del terreno, lo que no ha impedido, sin embargo, que perciba la totalidad de lo invertido.

En el año 2012 se concluyen las obras para la instalación de almacenamiento. Cuando se inician las pruebas, en 2013, se producen movimientos sísmicos de envergadura mediana en la costa mediterránea (Tarragona y, sobre todo, Castellón) que desatan la alarma social.

Como consecuencia de lo anterior, en septiembre de 2013 y junio de 2014 se producen sendas decisiones de suspensión de actividades que llevan a que la empresa concesionaria, renuncie a la concesión en julio de 2014. Renuncia que teóricamente debería ser analizada por el Gobierno a través de un acto administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto de otorgamiento de la concesión.Read More »

La doctrina del tribunal sobre las bases. Competencias cada vez menos compartidas – José Antonio Montilla Martos

1.- En España, la mayoría de las competencias son formalmente compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Son pocas las competencias exclusivas del Estado (fuerzas armadas, aduanas, autorización de referéndum…). Por otro lado, en la práctica no existen competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas pues siempre puede incidir el Estado a través de sus títulos horizontales para la ordenación de la actividad económica o para garantizar la igualdad en el ejercicio de derechos. En esos casos, la competencia del Estado se concreta en el establecimiento de las bases a partir de las cuáles las Comunidades Autónomas ejercerán sus facultades de desarrollo normativo y ejecución.

Sin embargo, en la práctica, asistimos a un proceso paulatino de expansión de las bases estatales que restringe el espacio competencial autonómico. Han perdido su carácter primigenio de mínimo común normativo hasta agotar en muchos casos la regulación de la materia. Ello conlleva, en su envés, el vaciamiento de las competencias autonómicas. Ese proceso, con efectos recentralizadores, ha sido advertido y rechazado no sólo en la doctrina sino también dentro del Tribunal Constitucional, a través de los votos particulares a las distintas sentencias.

2.- El presupuesto de este proceso está en el concepto material de norma básica acuñado por la doctrina del Tribunal Constitucional. En su virtud, lo básico en una materia es lo que en cada momento considere el legislador estatal como tal, de manera unilateral, en cualquier fuente y sin más límite que el posible control que pueda realizar el Tribunal Constitucional sobre esa delimitación. Ni siquiera el Estatuto de Autonomía puede limitar al legislador básico estatal pese a la función que la Constitución le atribuye para establecer las “competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución” (art. 147.2 d) (STC 168/2016).Read More »

El Tribunal Constitucional y la reforma de la Constitución – Pablo Pérez Tremps

Cuando parece que finalmente hay una posición mayoritariamente favorable a iniciar un proceso de reforma constitucional adhiriéndose a la fórmula propuesta por el PSOE de hacerlo a través de una comisión parlamentaria se oyen algunas pintorescas excusas de ciertas formaciones políticas para no involucrarse en ese proceso: la reforma va a estar tutelada por el Tribunal Constitucional, la misma institución que hizo naufragar el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 2006. Y nada más alejado de la realidad jurídico-constitucional española. Sin entrar a valorar ahora el papel del Tribunal Constitucional en la deslegitimación constitucional del Estatuto de Autonomía de Cataluña a través de la STC32/2011 (si hay alguien que no deba hacerlo es el firmante de estas líneas), sí conviene analizar brevemente el papel que corresponde jugar al Tribunal Constitucional en una hipotética reforma constitucional.

Aunque no hay ninguna previsión expresa al respecto, el proceso de reforma constitucional podrá estar sujeto al control del Tribunal Constitucional, como cualquier otro procedimiento de nuestra vida político-constitucional. Pero precisamente el de reforma constitucional es el único que sólo estaría sometido parcialmente, como máximo, al control del Tribunal Constitucional. Y ello porque el parámetro de actuación del Tribunal es siempre la Constitución y su Ley Orgánica (art. 1 de ésta) y una reforma de la Constitución, una vez aprobada, forma parte de la propia Constitución a la que el Tribunal Constitucional debe de someterse. Dicho de otra forma, la Constitución no puede estar sometida a la Constitución salvo en un aspecto: el proceso de reforma constitucional debe realizarse de acuerdo con el procedimiento de reforma constitucional, pero su resultado material, que es Constitución, no puede someterse a la Constitución que modifica.Read More »

A vueltas con la acción exterior de las CCAA. Comentario a la STC de 22 de diciembre de 2016, sobre la Ley catalana 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y relaciones con la Unión Europea – Joan Ridao Martín

oficina-bruselles-accio_tcm176-224849-1Como es conocido, el Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado, ni que sea parcialmente, el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno del Estado contra la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la UE. En ella, el Tribunal, haciendo seguidismo de su doctrina consolidada, reconoce nuevamente la posibilidad de que las comunidades autónomas lleven a cabo actividades con proyección exterior, aunque haciendo uso de un tono tan preventivo como innecesario para advertirlas que deben respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales ex art. 149.1.3 CE. Así, recuerda, una vez más, que no toda la actividad exterior puede identificarse como materia de relaciones internacionales y que los elementos esenciales de la competencia estatal vedados a las CCAA son la celebración de tratados (ius contrahendi), la representación exterior del Estado (ius legationis), la creación de obligaciones internacionales y la responsabilidad internacional del Estado.Read More »