Discriminación por razón de discapacidad (sobre la STEDH de 30 de enero de 2018, Enver Şahin c. Turquía) – Juan Manuel Herreros López

Detalles del caso y recorrido administrativo y judicial 

El señor Şahin, un estudiante universitario de primer año de Mecánica, sufrió en 2005 un accidente que le dejó parapléjico, lo que le obligó a suspender sus estudios hasta que su estado físico le permitiera reintegrarse a la universidad. En marzo de 2007 solicitó a las autoridades académicas que se hicieran las adaptaciones materiales necesarias en las instalaciones de su Facultad para poder reanudar, en el siguiente curso académico, sus estudios en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes. En mayo de 2007 la Facultad respondió a su petición mediante escrito en el que le indicaba que el edificio de la facultad había sido concebido y construido con varios pisos que podían acoger a 3.000 estudiantes y que su arquitectura no podría ser modificada. Precisaba que se había pedido al Rectorado autorización para proceder a realizar ciertos cambios en las entradas y salidas del edificio, pero que no sería posible concluir estos trabajos a corto plazo. Concluía que, si el interesado quería continuar con sus estudios, buscarían darle una ayuda dentro de sus posibilidades. En agosto de 2007 el Sr. Şahin dirigió, por vía notarial, al rector de la universidad y al decano un requerimiento instándoles a efectuar los acondicionamientos solicitados.

En septiembre de 2007 el Rectorado de la Universidad le respondió que las adaptaciones solicitadas no podían finalizarse a corto plazo por razones presupuestarias, pero le ofreció la ayuda de un asistente personal para asegurar sus desplazamientos dentro de las instalaciones de la facultad. El señor Şahin rechazó esta oferta y en noviembre de 2007 recurrió ante los tribunales de justicia, alegando una violación discriminatoria de su derecho a la educación, así como que la alternativa propuesta por la Universidad lesionaba su privacidad y autonomía. Afirmaba, además, que el hecho de que una persona tuviera que subirle por las escaleras del edificio, presentaba un riesgo serio de caída. Por otro lado, consideraba que los acondicionamientos que exigía constituían una obligación legal para la universidad de acuerdo con la normativa sobre urbanismo, reformada en el año 1997.

El 9 de abril de 2010, el Tribunal administrativo, ante el que recurrió las resoluciones de la Universidad, declaró, entre otras cosas, que los edificios en cuestión se habían construido de conformidad con la normativa vigente en 1988, por lo que no se podía culpar a las autoridades universitarias por no haber aplicado en el edificio las directrices técnicas en materia de accesibilidad establecidas en una legislación adoptada posteriormente para las personas con discapacidad. Por último, la sentencia indica que la administración había informado al demandante de que se adoptarían medidas arquitectónicas de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y que se designaría a una persona para que lo llevara a las clases. El demandante recurrió dicha sentencia ante el Consejo de Estado que desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia.Read More »