Las líneas rojas constitucionales a los recortes y la sostenibilidad – Martín Bassols

Ponce Solé, Juli. El derecho y la (ir) reversibilidad limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las líneas rojas constitucionales a los Recortes y la sostenibilidad social, Barcelona, Instituto Nacional de Administración Pública, 2013. 132 p. ISBN 13: 978-84-7088-844-1.

Recensión al libro de Juli Ponce Sole, El derecho y la (ir) reversibilidad limitada de los derechos sociales de los ciudadanos. Las líneas rojas constitucionales a los Recortes y la sostenibilidad social

I Premio Internacional de Investigación Jurídica Lorenzo Martin Retortillo Baquer sobre Derechos Fundamentales -Instituto Nacional de Administración Publica. Madrid, 2013, 132, páginas, publicada en la Revista de Derecho urbanístico y medio ambiente. El libro está disponible en la biblioteca digital del INAP de forma gratuita aquí.

1 .Como lo prueban diversas publicaciones jurídicas del Prof. Juli Ponce las cuestiones de derecho que atraen su atención preferente son las que propician un análisis de su valoración en un contexto social y de políticas públicas o más propiamente desde la perspectiva del objetivo de la cohesión social frente a los tratamientos mayoritarios que se inclinan por un enfoque meramente positivista, exegético y patrimonial del derecho. Los temas y títulos de sus varias publicaciones, por ejemplo en el ámbito urbanístico, lo acreditan plenamente: Derecho a la Vivienda; solidaridad y cohesión social a propósito de las reservas legales de vivienda protegida; urbanismo y seguridad pública; Poder local y Guetos Urbanos; Guetos escolares; segregación escolar e inmigración y otras muchas publicaciones en temas análogos, una de ellas precisamente ha sido traducida y publicada en 2006 por la Universidad de Denver ,bajo el título Land Use Law, Housing and Social and Territorial Cohesion. Debe advertirse inmediatamente, a la vista de estos títulos, que el enfoque de estos tratamientos no es sociológico, sino profundamente jurídico e inspirado en el pensamiento norteamericano sobre la discriminación espacial que tiene una profunda raíz y motivación constitucional al tiempo que lo enlaza con el concepto de matriz europea de un Derecho a una Buena Administración, cuya monografía sobre el particular constituye el tratamiento doctrinal pionero en nuestra bibliografía de Derecho Público y Administrativo.

Estos perfiles sobre nuestro autor son relevantes para entender el mensaje que entraña esta monografía que pivota sobre dos elementos: por una parte el derecho como protagonista y, por otra, este aparentemente enigmático «(ir) reversibilidad limitada de los derechos sociales» referidos a una cuestión de tanta actualidad como la pretensión desde el derecho de señalar unas líneas rojas constitucionales a los recortes y sostenibilidad social. Aunque en la página, 22, el autor formula como motivación para escribir esta monografía un inventario de la difícil situación en que se encuentran una parte relevante de nuestros ciudadanos con motivo de la crisis económica y los recortes que afectan a sus derechos y en especial al derecho a la vivienda y otras prestaciones sociales, me parece interesante recordar como el propio Juli Ponce confesó en el acto de presentación del Libro en el INAP en diciembre de 2013 –en el que tuve la oportunidad de asistir como oyente invitado– que lo que realmente le impulsó a escribir fue el simple «mirar y observar» el entorno social, del barrio, de la escuela de sus hijas, la situación profesional de amigos y vecinos; los recortes salariales; las denuncias de los medios de comunicación etc.; es decir cómo se desmoronaba día a día un sistema social que antes no solo se percibía como seguro, sino susceptible de mejora. Este dato personal contribuye a explicar, la pasión y el empeño que el autor ha puesto en su tratamiento que fluye en cada una de sus páginas y que el lector percibirá desde un primer momento. En el acto de presentación del libro anteriormente aludido con vivas intervenciones de los Profesores López- Menudo y M. Arenilla y el Magistrado del Tribunal Supremo D. José Manuel Bandrés coincidieron en destacar la calidad de la monografía y especialmente el encuadramiento y reconducción de las distintas tesis sostenidas a los principios constitucionales. Este interesante debate dio pie al agradecer estas manifestaciones al Prof. Juli Ponce a reafirmar su posicionamiento de su fe en el derecho y en el instrumento de la ley, aun reconociendo los límites que imponen las limitaciones presupuestarias y el diseño de las políticas públicas desde la perspectiva de la moderna ciencia política y de la Administración. A su juicio, el cultivador científico del derecho debe superar la vía de las meras deducciones lógico-formales y abstractas para adentrarse en explorar las vías constructivistas que posibilita la Constitución, no tanto para alcanzar una mera «ingeniería social», sino un constructivismo que le permita dar respuesta a los auténticos problemas y déficits sociales que la actual coyuntura dramáticamente nos muestra.

2. La obra en el capítulo inicial plantea el grado de exigibilidad jurídica de los derechos sociales y pasa revista a las distintas concepciones normativas, doctrinales y jurisprudenciales sobre los límites de su obligatoriedad así como los de orden financiero, pero advirtiendo la íntima conexión de estos derechos con la dignidad personal, la cohesión y sostenibilidad social que en ningún caso puede olvidarse por el intérprete, incluso hoy con la nueva situación derivada de la reforma constitucional del art. 135 como fuente más incisiva de limitaciones y medidas regresivas. Por encima de estos límites, el autor entiende que cabe apelar al concepto de sostenibilidad social, manejado por la Unión Europea e incluso por alguna legislación sectorial y que fundamenta «un núcleo mínimo inviolable de derechos sociales». Precisamente, en función de este núcleo mínimo, el autor en el capítulo II propone el concepto de «resiliencia de los derechos sociales» apelando al concepto manejado por la psicología como «capacidad de las personas para afrontar situaciones límite y su capacidad de sobreponerse a las mismas, resistiendo su impacto», evitando su destrucción. Con este gráfico concepto de resiliencia, se cuestiona el autor si es posible en nuestro ordenamiento jurídico ofrecer «un blindaje a ciertos aspectos de los derechos sociales constitucionales», pasando así revista a los ordenamientos comparados de Alemania, Italia, Canadá y Argentina que se han planteado con diversas cláusulas legislativas esta problemática. Para nuestro ordenamiento jurídico la determinación de un núcleo resistente del derecho social debe apelarse necesariamente a la garantía institucional, en la inteligencia de que no tiene sentido negar a priori este contenido esencial a los derechos sociales, cuando un derecho social básico como el de la educación dispone de tal garantía al amparo del art 53.1 CE; al tiempo que el legislador no puede considerarse omnímodo sino vinculado a principios superiores y, en especial, a los limites internacionales de la Carta Social Europea y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.(PIDEC)

Ahora bien, esta fundamentación para su fecundidad debe ir acompañada de un derecho irreversible a un Buen Gobierno y a una Buena Administración –concepto este último que como hemos advertido, es un leitmotiv de su ideario iusadministrativista–proponiendo como conclusión seis medidas de mejora del ordenamiento jurídico y de impulso de la buena gestión pública. Estas medidas son: fijación del contenido mínimo y esencial de los derechos socioeconómicos; determinación de la sostenibilidad social del art 135CE y de la Ley Orgánica como límite al principio de estabilidad presupuestaria; promoción de la inclusión de la cláusula de progresividad y de reversibilidad limitada (PIDESC); impulso de la Better o Smart regulation; promoción de Carta de Servicios en los servicios públicos y de interés general (límites mínimos de derechos sociales vs. límites máximos gasto público y Evaluación del Impacto Social (EIS). De estas imaginativas propuestas merece especialmente retenerse la relativa a la Evaluación de Impacto Social (EIP) a introducir en aquellas normas que pretenden una regresión en los derechos sociales para que se subordinen a la evaluación previa, al modo del principio de precaución en las Evaluaciones de Impacto Ambiental, del efecto o impacto que van a tener en los colectivos más vulnerables.

Toda esta construcción tan novedosa e imaginativa del Prof. Juli Ponce mereció el otorgamiento del «I Premio Internacional de Investigación Jurídica Lorenzo Martin-Retortillo Baquer sobre Derechos Fundamentales», otorgado por la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Todo jurista se sentirá interesado en la lectura de esta obra por afrontar un tema de vivísima actualidad con un marcado acento social y con sugerencias y propuestas concretas.

MARTIN BASSOLS COMA
Catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico

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