Tendencias recientes en la jurisprudencia de la Corte costituzionale italiana en materia de ponderación entre los derechos sociales y las exigencias de estabilidad financiera – Pietro Masala

Els tribunals constitucionals italià i espanyol recentment han emès diverses sentències que es pronuncien sobre la legislació anticrisi aprovada pels parlaments italià i espanyol durant la present legislatura d’ambdós països. Avui dimarts publiquem dos apunts sobre les més rellevants d’aquestes sentències, la núm. 70 de 2015 de la Cort Constitucional italiana (avui) i la 49/2015 (dimarts), en relació amb la revalorització de pensions, amb veredictes ben diferents en un cas i altre.

I. La sentencia n. 70/2015 de la Corte costituzionale, publicada en mayo, ha declarado inconstitucional, por violación de los principios de solidaridad, razonabilidad e igualdad sustantiva (arts. 2 y 3 CI) y del derecho de los jubilados a una prestación de seguridad social proporcionada y adecuada (arts. 36 y 38.2 CI), el artículo 24, apartado 25, del Decreto-ley 201/2011, de 6 de diciembre, que había dispuesto el bloqueo total, en los años 2012 y 2013, del mecanismo automático de revalorización de las pensiones de jubilación superiores al menos tres veces a la mínima. Al juzgar fundadas las cuestiones de inconstitucionalidad sobre esta disposición planteadas por algunos jueces ordinarios, la Corte ha anulado una de las medidas de contención del gasto público adoptadas por el Gobierno Monti durante la fase más grave de la crisis económica y financiera. La decisión ha tenido una gran resonancia en la opinión pública y en el debate político y jurídico, debido a su impacto significativo en las finanzas del Estado. Se estima que, para reembolsar íntegramente a todos los jubilados excluidos de la revalorización durante dos años, se requerirían hasta 19 mil millones de euros, con repercusiones en la capacidad de Italia para respetar los vínculos europeos de estabilidad.

En el caso examinado, además de juzgar los principios constitucionales mencionados arriba prevalentes respecto al principio de estabilidad presupuestaria enunciado en los arts. 81 y 119 CI (reformados por la Ley constitucional n. 1/2012 con el fin de cumplir las previsiones del llamado Fiscal Compact), la Corte, de manera implícita, ha juzgado este principio insuficiente para justificar la limitación de la eficacia retroactiva de la decisión de inconstitucionalidad. Eso parece relevante sobre todo al considerar la evolución reciente de su jurisprudencia. En el sistema italiano de justicia constitucional las sentencias estimatorias tienen en principio eficacia retroactiva y, como el poder de la Corte para limitar los efectos (en particular económicos) de las mismas para el pasado no está previsto en la Constitución ni en la legislación, una parte de la doctrina siempre se ha opuesto a esta posibilidad. Sin embargo, por medio de otra sentencia reciente, dictada antes de la sentencia n. 70/2015, la propia Corte había afirmado con claridad por primera vez su poder para modular los efectos temporales de sus propias decisiones, debido al impacto de estas en principios constitucionales diferentes de los violados por la disposiciones declaradas inconstitucionales. La sentencia n. 10/2015, al declarar inconstitucional (por violación del principio de igualdad y del principio por el cual “todos tienen que contribuir a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad contributiva”, esto es, en igual medida, cuando tengan rentas iguales: arts. 3 y 53 CI) otra medida dirigida a incrementar las finanzas estatales en una situación que tenía ya rasgos de emergencia económica, había establecido que dicha declaración de constitucionalidad tuviera efectos solamente a partir del día posterior a su publicación. De hecho, en ese caso (referido a un impuesto especial adicional sobre la renta de las sociedades petroleras y de gas con ganancias superiores a los 25 millones de euros, introducido por el Gobierno Berlusconi en 2008) la Corte había limitado los efectos temporales de su decisión porque su aplicación retroactiva habría conllevado “una violación grave del equilibrio presupuestario y por lo tanto del art. 81 CI”, es decir “un desequilibrio del presupuesto del Estado de importancia tan grande que se requeriría una programación presupuestaria adicional”.

Por eso no sorprende que la reciente decisión en materia de pensiones, acogida con satisfacción por los sindicatos, por una parte de los políticos y de los comentaristas, haya suscitado, además de la preocupación de la Comisión Europea, las críticas fuertes de otra parte de la opinión pública y de la política nacionales. Incluso hubo una polémica entre el Ministro de Economía y Finanzas del Gobierno Renzi (que en una entrevista de un periódico lamentó la falta de coordinación entre los dos órganos y la falta de evaluación, por parte de los jueces constitucionales, del impacto económico de la sentencia) y el Presidente de la Corte costituzionale (que en una posterior entrevista ha defendido la decisión de su colegio). Hay que señalar, además, que según lo afirmado por la prensa, algunos jueces constitucionales habrían expresado de manera rotunda su  disentimiento en el momento de la decisión, que al final fue tomada por mayoría, por el voto de calidad del Presidente. Como es sabido, en el sistema italiano no está prevista la publicación de votos particulares. Aun así, es fácil imaginar que la división fue causada por la diferente  importancia asignada al principio de equilibrio presupuestario.

II. Las críticas expresadas por el Gobierno y la diversidad de opiniones acerca de la sentencia n. 70/2015 hacen recordar las discusiones que hace dos décadas fueron originadas por otras decisiones de la Corte que, al declarar inconstitucionales varias disposiciones legislativas, tuvieron repercusiones en las finanzas estatales, ya que extendían la protección de los derechos sociales enunciados en la Constitución. No es por casualidad que el debate acerca de las “sentencias constitucionales que cuestan” (impulsado por la propia Corte que, en 1991, organizó un seminario centrado en este tema, con la participación de algunos de los constitucionalistas italianos más ilustres) tuviera lugar en una situación de crisis económica comparable con la presente en varios aspectos, dentro de un marco político y cultural en el que se afirmaron opiniones favorables al redimensionamiento del Estado social y a la limitación del poder de la Corte para controlar la discrecionalidad política del legislador en la actuación de los derechos sociales.

La diferencia principal entre la situación actual y la anterior es que las sentencias más recientes han declarado inconstitucionales medidas legislativas dirigidas a contener el gasto público por medio de la reducción de la protección de derechos sociales o dirigidas a adquirir recursos por medio de nuevos impuestos especiales; mientras que en el pasado la discusión concernió sobre todo a las sentencias aditivas, por medio de las cuales la Corte pretendía remediar las omisiones legislativas en la actuación de las normas constitucionales programáticas en materia de derechos sociales. sentencias como la n. 10 o la n. 70/2015, al declarar inconstitucionales medidas legislativas de austeridad o de estabilización financiera, conllevan una obligación a cargo del Estado de restituir recursos; mientras que las sentencias aditivas manipulaban las disposiciones declaradas inconstitucionales, para extender a nuevos beneficiarios, en nombre de los principios de igualdad y razonabilidad, prestaciones que el legislador había reconocido solamente a favor de categorías particulares, o para añadir en el texto el reconocimiento de una prestación diferente y adicional, que la Corte consideraba necesaria para cumplir los principios constitucionales (sentencias “aditivas de prestación”). Sin embargo ambos tipos de decisiones (“restitutivas” y “aditivas”) producen el mismo efecto, es decir, costes mayores para las finanzas del Estado.

Hace veinte años la opinión de quienes afirmaban la inadmisibilidad de sentencias constitucionales “costosas”, debido a la supuesta subordinación de las decisiones de la Corte al principio enunciado en el “viejo” art. 81 CI, por el cual toda ley que conllevara gastos nuevos o mayores tenía que prever los medios para hacer frente a dichos gastos, resultó minoritaria: ya que quienes no la compartían podían oponer que ese precepto se dirigía solamente al legislador y que las sentencias constitucionales, en cuanto actos jurisdiccionales, no se pueden asimilar a la ley. Sin embargo, la consideración del impacto de sus propias decisiones en el equilibrio financiero propició un cambio en la jurisprudencia de la Corte. A partir de la sentencia n. 455/1990 se afirmó la doctrina por la cual los derechos sociales son derechos “financieramente condicionados” (es decir, derechos constitucionales condicionados a la actuación que el legislador determine, a través de la ponderación con otros intereses protegidos por la Constitución, “teniendo en cuenta los límites objetivos que el propio legislador encuentra en su obra de actuación, con referencia a los recursos organizativos y financieros de que dispone al momento”). De manera que la actuación de tales derechos puede legítimamente ser “gradual” (incompleta), en cuanto el legislador solamente tiene que hacer una “ponderación razonable”, que tenga en cuenta la “posibilidad real y objetiva de disponer de los recursos necesarios”. A pesar de las críticas expresadas por una parte de los comentaristas (por el hecho de que sería inapropiado ponderar un derecho, en cuanto fin constitucional, con los recursos necesarios para su actuación, que son un simple medio: de manera que, aun admitiendo que de ponderación se tratara, esta sería en todo caso “desigual”), la Corte ha reiterado constantemente dicha doctrina, que en la práctica se ha traducido en una postura muy prudente en el control de razonabilidad de la ponderación hecha por el legislador.

Hasta hoy, en la jurisprudencia constitucional ha sido prevalente una tendencia a la autolimitación: por regla general la Corte ha considerado las exigencias de equilibrio financiero prevalentes respecto a las de actuación de los derechos sociales, reconociendo un amplio margen de discrecionalidad a favor del legislador. Las decisiones de este han sido declaradas inconstitucionales solamente cuando se han considerado manifiestamente arbitrarias e irrazonables (contrarias al principio de igualdad formal) o perjudiciales para las exigencias mínimas de protección del “núcleo” o “contenido esencial” del derecho. Incluso en estos casos, se han abandonado casi completamente las sentencias aditivas de prestación, reemplazadas por técnicas decisorias más respetuosas con la discrecionalidad del legislador, como las “aditivas de principio”. Paralelamente, se ha afirmado otra doctrina por la cual medidas legislativas regresivas, que conllevan la reducción del nivel de protección de los derechos sociales, son en principio admisibles: también en sus decisiones sobre tales medidas la Corte ha demostrado una análoga tendencia a la autolimitación, reconociendo amplia discrecionalidad al legislador al exigir solamente el respeto del principio de razonabilidad y del nivel mínimo de protección.

III. En los últimos años, caracterizados por una situación de emergencia económica permanente, la Corte costituzionale ha reafirmado la doctrina de los derechos sociales “financieramente condicionados” (por ejemplo, en la sentencia n. 248/2011, en materia de derecho a la salud) y, antes de llegar a pronunciar la sentencia n. 70/2015, ha decidido varias veces sobre la constitucionalidad de medidas de contención del gasto y estabilización financiera adoptadas mediante decreto-ley durante la pasada legislatura (2008-2013), que han incidido en las rentas de algunas categorías sociales (empleados públicos y jubilados). El control de razonabilidad ha producido resultados diferentes en los varios casos examinados.

En una primera fase la Corte declaró la inconstitucionalidad de algunas medidas temporales adoptadas en la situación de emergencia económica, como eran, en concreto, el bloqueo de la adecuación automática de las retribuciones de los magistrados, la reducción de la indemnización de los mismos, la reducción de las retribuciones de los empleados públicos con una renta superior a un nivel determinado (sentencia n. 223/2012) y la llamada “contribución de solidaridad” dispuesta a cargo de los jubilados con pensiones más elevadas (sentencia n. 116/2013). Las razones básicas por las que dichas medidas regresivas fueron consideradas irrazonables son dos: la injustificada desigualdad de trato, con perjuicio a las categorías afectadas (respecto a la generalidad de los ciudadanos, cuando tengan una renta y una capacidad contributiva iguales: de eso deriva la violación a los arts. 3 y 53 CI); y su duración (bianual o trianual) mayor que la de medidas semejantes ya adoptadas y consideradas razonables en cuanto eran anuales. Además, las medidas relativas a la renta de los magistrados se han considerado incompatibles con los principios de autonomía e independencia del Poder judicial (arts. 104 y 108 CI). Estas decisiones recibieron críticas, en parte por su impacto en las finanzas públicas (por supuesto menor que el impacto de la sentencia n. 70/2015), pero sobre todo por la opinión común de que los “sacrificios” considerados irrazonables por la Corte tenían en realidad un fundamento de equidad en la situación de crisis, en cuanto afectaban a sujetos económicamente más potentes que los ciudadanos medios. En el informe sobre la actividad de la Corte de 2013 su Presidente rechazó tales críticas, subrayando que el fundamento de la sentencia n. 116/2013 coincide con el “principio elemental, derivado de los arts. 3 y 53 CI, por los cuales rentas iguales deben pagar tributos iguales”, evidente a pesar del “clamor político o mediático”. Desde luego, en la motivación de ambas sentencias, la Corte había especificado ya que “el resultado presupuestario […] habría podido ser bien diferente y más favorable para el Estado, si el legislador hubiera respetado los principios de igualdad de los ciudadanos y solidaridad económica, también modulando de manera diferente un tratamiento impositivo ‘universal’”.

Un cambio significativo tuvo lugar por medio de la sentencia n. 310/2013, que rechazó la cuestión de inconstitucionalidad planteada con respecto al bloqueo trianual de la adecuación de las retribuciones de profesores e investigadores universitarios. Al motivar su decisión la Corte se  apoyó en los nuevos arts. 81 y 119 CI reformados en 2012, que “ponen el acento en el respeto del equilibrio presupuestario por parte de las administraciones públicas, también en la consideración del más amplio contexto económico europeo”, y en las nuevas reglas europeas en materia de coordinación de los presupuestos de los Estados miembros, mencionando la directiva 2011/85/UE, para llegar a la conclusión de que “debido a las necesarias perspectivas plurianuales del ciclo presupuestario”, medidas de contención del gasto que conlleven sacrificios gravosos justificados por la situación de crisis económica “pueden aplicarse durante periodos definidos pero más largos” que los considerados razonables en el pasado. En este caso las disposiciones impugnadas han superado el control de razonabilidad “en cuanto dirigidas a un ahorro de gasto que afecta al sector del empleo público en su conjunto, en una dimensión solidaria –aunque con las diferenciaciones necesarias por los diferentes estatutos profesionales de las varias categorías incluidas en dicho sector– y durante un periodo limitado, que incluye más años en consideración de la programación plurianual de las políticas presupuestarias”. Luego, estos principios han sido reafirmados en la ordenanza n. 113/2014 y en otras decisiones que han rechazado cuestiones planteadas con respecto a medidas parecidas, que han afectado a las rentas de otras categorías de empleados públicos (sentencias n. 154 y n. 219/2014).

IV. En las sentencias n. 10 y n. 70/2015 la Corte ha vuelto a declarar inconstitucionales unas medidas de estabilización financiera adoptadas en la situación de crisis. Tal y como se ha dicho, entre las dos decisiones hay una diferencia fundamental: la primera ha limitado la eficacia retroactiva de la declaración de inconstitucionalidad de una medida juzgada irrazonablemente contraria a los arts. 3y 53 CI, justificando tal limitación con referencia a la necesaria ponderación con el principio de equilibrio presupuestario enunciado en el nuevo art. 81 CI (y además con los vínculos europeos e internacionales de estabilidad, cuyo respeto se impone al legislador por el art. 117 CI, y con las exigencias de solidaridad social derivadas de los arts. 2 y 3 CI). Por el contrario, en la segunda no hay ninguna modulación de los efectos temporales de la declaración de inconstitucionalidad, ni se menciona el art. 81 CI.

Las razones que han llevado la Corte a declarar inconstitucional el bloqueo total y bianual de la revalorización de las pensiones superior a tres veces la mínima dispuesto por el Gobierno Monti en 2011 quedan claras si se consideran las diferencias entre esta medida y el bloqueo de la revalorización que el legislador había dispuesto ya en 2007, considerado admisible por la sentencia n. 316/2010, precedente analizado de manera detallada en la motivación de la sentencia 70/2015. En primer lugar, el bloqueo dispuesto en 2007 afectaba solo a las pensiones superiores a ocho veces la mínima (pensiones cuyo importe era ciertamente elevado), mientras que la medida más reciente afectaba también a pensiones inferiores, incluso pensiones cuyo importe es relativamente bajo, en torno a los 1200 euros. En segundo lugar, la nueva medida afectaba igualmente, por medio de un bloqueo total, a todas las pensiones superiores a tres veces la mínima, mientras que la medida anterior distinguía entre clases de importe, modulando de manera correspondiente la incidencia del bloqueo. En tercer lugar, el bloqueo de 2007 fue considerado razonable también por su duración de un solo año, mientras que el bloqueo de 2011 era bianual, como se ha dicho (además la sentencia n. 316/2010 había advertido al legislador que la frecuente reiteración de medidas de bloqueo de la revalorización conllevaría la violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad). Por último, la Corte ha censurado al legislador por no haber motivado con precisión suficiente el sacrificio del derecho “a una prestación adecuada de seguridad social”: la mención genérica de la situación financiera no es considerada suficiente a este fin; en cambio en 2007 el legislador había evidenciado la finalidad solidaria-redistributiva del bloqueo anual, dirigido a financiar ayudas a los beneficiarios de las pensiones más bajas. En consecuencia, el derecho fundado en los arts. 36 y 38 CI “resulta irrazonablemente sacrificado en nombre de exigencias financieras no expresadas en detalle”.

La comparación con la sentencia n. 10/2015 permite hacer hipótesis sobre las razones, no explicitadas, por las que en la sentencia n. 70/2015 no se han modulado los efectos de la declaración de inconstitucionalidad. En primer lugar, destaca la diferencia entre las disposiciones objeto de las dos decisiones. Ambas tenían una finalidad de estabilización financiera, pero la disposición declarada inconstitucional por la sentencia n. 10 perseguía este objetivo mediante un impuesto especial sobre las rentas muy elevadas de sujetos económicamente fuertes, mientras que la sentencia n. 70 ha declarado inconstitucional una medida de contención del gasto que afectaba a pensiones, incluso algunas de importe relativamente bajo. Por lo tanto, hay razones para creer que en el segundo caso la limitación de la eficacia retroactiva de la declaración de inconstitucionalidad no habría podido fundarse en las exigencias de solidaridad social e igualdad que en la sentencia n. 10 concurren a justificarla, junto con la exigencia de tener en cuenta el principio del art. 81 CI. Por el contrario, dicha limitación se habría producido en contradicción con tales exigencias de solidaridad e igualdad, que han fundado la decisión de inconstitucionalidad del bloqueo de la revalorización. Además la duración de esta medida era definida, puesto que se refería a dos anualidades ya pasadas en el momento de la decisión, mientras que la duración del impuesto adicional objeto de la sentencia n. 10 era indeterminada. En consecuencia, en el caso de la sentencia n. 10 la limitación de la eficacia de la decisión pro praeterito no excluye que la misma decisión tenga eficacia pro futuro. Al contrario, en el caso de la sentencia n. 70 excluir la eficacia retroactiva de la decisión de inconstitucionalidad habría significado su total ineficacia (y así se habría formado un precedente que, para el futuro, habría animado al legislador a disponer nuevas medidas lesivas de un derecho social, de duración limitada a algunas anualidades: con el efecto de privar de efectividad, en la práctica, a las disposiciones constitucionales en materia de derechos sociales). Además, se ha recordado ya que la sentencia 316/2010 contenía una admonición al legislador, para que no reiterara el bloqueo de la revalorización. Por último, probablemente, después de la sentencia n. 223/2012, que había declarado inconstitucional, sin modular los efectos temporales, la “contribución de solidaridad” que afectaba a las “pensiones de oro”, la Corte ha considerado que limitar para el pasado los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una medida que afectaba (también) a pensiones de importe muy inferior habría sido inicuo.

La dificultad de reconocer una coherencia completa en la jurisprudencia constitucional reciente en materia de ponderación entre derechos sociales y exigencias de equilibrio financiero es sin duda reflejo de las dificultades que la Corte costituzionale encuentra para desarrollar esta tarea tan delicada en el contexto de crisis de los últimos años. Después de las polémicas originadas por la sentencia n. 70/2015, la Corte ha resuelto, el 24 junio 2015, otra cuestión de inconstitucionalidad planteada, por violación de los arts. 2, 3, 35 (derecho al trabajo), 36 (derecho a una retribución proporcionada y suficiente) y 39 (libertad sindical) CI, contra varias disposiciones legislativas que, a partir de 2010, introdujeron otra medida de austeridad, el bloqueo de la contratación colectiva en el sector del empleo público, esto es, el bloqueo de las retribuciones de los empleados durante el periodo 2010-2015. Los fundamentos jurídicos de esta nueva sentencia se conocerán, como es habitual, solo dentro de unas semanas, pero la Corte ya ha emitido un comunicado para especificar que “ha declarado la inconstitucionalidad sobrevenida, con efectos a partir de la fecha de publicación de la sentencia, de la regulación del bloqueo de la contratación colectiva para el sector público, resultante de las disposiciones impugnadas [de los decretos-leyes n. 78/2010 y 98/2011, que habían dispuesto el bloqueo hasta finales de 2013 y luego hasta finales de 2014] y de las posteriores que establecieron su prórroga [hasta 2017]”. A la espera de la publicación de la sentencia, hay razones para creer que la Corte ha considerado el bloqueo inconstitucional debido a su duración excesiva y a su reiteración, que han hecho “irrazonable” el sacrificio impuesto a los empleados en la situación de crisis. La declaración de inconstitucionalidad no sorprende, porque es conforme a los principios de su jurisprudencia anterior referidos arriba. El aspecto más relevante es sin duda la decisión de excluir toda aplicación retroactiva de dicha declaración, aplicando la misma doctrina establecida en la sentencia n. 10/2015. Los jueces constitucionales se han enfrentado al mismo dilema ya encontrado al decidir sobre las pensiones y lo han solucionado de manera diferente, supuestamente atribuyendo importancia al principio del equilibrio presupuestario del nuevo art. 81 CI. Se estima que en este caso una declaración de inconstitucionalidad con eficacia retroactiva habría tenido un impacto en las finanzas del Estado superior al impacto de la sentencia n. 70/2015 (se habría tratado de algo así como 35 mil millones de euros según el Abogado del Estado; 11 mil millones según los sindicatos). Se puede suponer que esta diferencia de trato no depende solo de la evaluación del impacto económico de una eventual declaración de inconstitucionalidad referida también al pasado (y de una autolimitación de la Corte tras las polémicas habidas con el Gobierno), sino también a la circunstancia que en este caso el bloqueo seguía siendo aplicado y había ya sido prorrogado para el futuro. Por lo tanto, declarar la inconstitucionalidad para el futuro tiene el efecto concreto que el Gobierno tendrá que reabrir las negociaciones con los sindicatos para incrementar las retribuciones. Así pues, limitar la eficacia retroactiva no excluye todo impacto económico, pero los efectos económicos quedan muy contenidos. Parece pues que en el caso más reciente la Corte ha podido buscar una conciliación entre las exigencias de protección de los derechos y la exigencia de asegurar la estabilidad financiera por medio de una solución que no se podía aplicar con efectos iguales en el caso de la sentencia 70.

V. Finalmente, hay que señalar que el Gobierno Renzi, para contener el impacto económico de la sentencia n. 70 del 2015, ha emanado un decreto-ley (n. 65, de 21 mayo de 2015), que ha previsto, solo para los jubilados afectados por el bloqueo de la revalorización decidido en 2011 cuya pensión es inferior o igual a seis veces la mínima, un reembolso no total, sino parcial, variable en relación con el importe de la pensión (la revalorización para 2012 y 2013 se reconoce en la medida del 40%, del 20% y del 10% para las pensiones hasta cuatro, cinco y seis veces el mínimo, respectivamente).

La perplejidad originada por esta intervención “correctiva” del legislador ordinario concierne a su idoneidad y suficiencia para cumplir la sentencia, y a la posible violación del “giudicato costituzionale”, pues del art. 137 CI., según el cual “no se admite ninguna impugnación de las decisiones de la Corte costituzionale” (que por lo tanto vinculan tanto a los jueces ordinarios como al legislador). En otros términos, la duda es la siguiente. ¿El legislador podía, legítimamente, limitar el reembolso? ¿El hecho que el reembolso parcial es modulado y variable en relación con el importe de las pensiones es suficiente para asegurar su compatibilidad con la sentencia n. 70/2015? La modulación del bloqueo en aplicación de criterios de selectividad y progresividad es ciertamente coherente con las indicaciones deducibles de la sentencia y ciertamente se deberá prever en caso de nuevos bloqueos. Sin embargo la duda concierne al poder del legislador para regular de nuevo el bloqueo relativo a los años 2012 y 2013, otorgando un reembolso parcial en lugar de un reembolso total después de una decisión de inconstitucionalidad “total” de la vieja regulación. Algunos comentaristas consideran legítima y razonable la solución decidida por el Gobierno Renzi, pero no hay unanimidad. Los sindicatos han anunciado inmediatamente nuevos recursos para obtener el reembolso total para todo los jubilados afectados por el bloqueo dispuesto en 2011: eso hace creer que se plantearán nuevas cuestiones de inconstitucionalidad con respecto al reciente decreto por supuesta violación del art. 137 CI y de los principios constitucionales ya violados de acuerdo con la sentencia n. 70/2015. Por lo tanto, la Corte tendrá que solucionar también este dilema.

Pietro Masala, investigador (“assegnista di ricerca”) en la Universidad de Sassari

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