En las últimas semanas ha aparecido publicada la obra colectiva ¿Hacia una globalización de los derechos? El impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana. Este libro es un fruto más del trabajo de un grupo de investigación que, desde el año 2000, trabaja sobre la protección de los derechos humanos en el ámbito de los tribunales regionales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH-, Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- y Tribunal de Justicia de la Unión Europea). El grupo estaba liderado por Javier García Roca, de la Universidad Complutense, y Pablo Santolaya, de la Universidad de Alcalá, hasta el triste y prematuro fallecimiento de éste en diciembre de 2015, a quién se dedica el libro. Está formado por un nutrido grupo de investigadores e investigadoras de referencia tanto de España como de Latinoamérica. Gracias a cuatro Proyectos de Investigación del Programa Nacional de I+D, hemos publicado seis libros colectivos: Sobre la jurisprudencia del TEDH[1], sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sobre el diálogo entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, sobre la perspectiva de género en estos dos tribunales, sobre la jurisprudencia de la Corte IDH y este libro sobre el impacto de las sentencias internacionales), además de otros muchos artículos y monografías[2].
Con el título ¿Hacia una globalización de los derechos? hemos querido expresar que los Convenios y Tribunales regionales de derechos humanos están creando una misma cultura jurídica a partir de la generación de unos estándares comunes. Esto es un hecho. Un emergente Derecho Común que pugna por abrirse paso en un escenario global, pese a las enormes dificultades que plantea el multiculturalismo de las sociedades contemporáneas, el pluralismo de base territorial y las diferentes cosmovisiones. Pero la evolución y el progreso no son –ni pueden serlo- lineales. La Europa y la América de los derechos continúan avanzando lentamente en integración pese a los numerosos problemas y desfallecimientos que aparecen en ambos sistemas, algunos de los cuales hemos expuesto en el libro.
Tras el Prefacio de los editores y la conferencia introductoria del Lech Garlicky, antiguo Juez del TEDH, sobre la estructura, impacto y vinculatoriedad de las sentencias del TEDH, el libro se estructura en dos partes y diez capítulos. La mayor peculiaridad de la obra es que cada uno de los capítulos está escrito por, al menos, dos autores/as que representan cada uno de los dos sistemas estudiados: el Sistema Europeo y el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. De esta forma, se analiza cada materia con una perspectiva comparada, lo que enriquece mucho las reflexiones y las conclusiones finales de cada capítulo.
Otra seña distintiva de la metodología utilizada ha consistido en aproximar la confección del Derecho Procesal Convencional, aún muy incipiente, a la espléndida tradición del Derecho Procesal Constitucional europeo en el que son muy ricas las elaboraciones doctrinales y jurisprudenciales en países como Alemania, Italia y España. Según se aproximan la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo a actuar como cuasi tribunales constitucionales, con las limitaciones propias pero menguantes de un tribunal internacional, en sus funciones de tutela de los derechos y de control de normas, es inevitable la comparación y la analogía entre las categorías de las jurisdicciones constitucionales y supranacionales sobre derechos. Ambos tribunales internacionales no tienen otros referentes.
En la primera parte se incluyen cinco capítulos que abordan cuestiones generales sobre el impacto de las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana. Javier García Roca y Humberto Nogueira Alcalá estudian el concepto de origen anglosajón impacto de las sentencias de los tribunales regionales. Con esta expresión se indica la capacidad de trasformación y armonización de las normas nacionales sobre derechos fundamentales, de las regulaciones constitucionales y legales y de las jurisprudencias nacionales que deriva de las sentencias de ambos tribunales. En suma, el estudio del impacto aborda cualquier forma de recepción de estas jurisprudencias, que están creando un emergente ius commune europeo e interamericano y hasta cierto punto global.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Argelia Queralt Jiménez, en el segundo capítulo, realizan una comparación entre la construcción del control de convencionalidad en Latinoamérica y el efecto europeo de cosa interpretada o interpretación consolidada, dos técnicas diversas que cumplen funciones análogas. Se ponen de manifiesto los riegos que puede generar la primera cuando el control es difuso, frente al relativo confort y mayor seguridad jurídica que entraña una interpretación conforme aunque sea, en alguna medida, manipuladora de la norma.
En el tercer capítulo se estudian los mecanismos procesales internos para cumplir las sentencias de los tribunales europeo e interamericano. Coral Arangüena Fanego y César Landa Arroyo analizan los procedimientos para revisar sentencias internas firmes, pero también las distintas medidas institucionales y legales necesarias para implementar las decisiones de los tribunales regionales.
En el cuarto capítulo se aborda la cuestión de las medidas de reparación y de la supervisión del cumplimiento de las sentencias regionales. Pablo Saavedra, Secretario General de la Corte de San José, y Guillem Cano, Letrado del Tribunal Europeo, con sus conocimientos teóricos y prácticos, con la colaboración de Mario Hernández, analizan estas cuestiones, que hasta ahora habían sido escasamente estudiadas, extrayendo interesantes conclusiones en perspectiva comparada.
Por fin, Carlos Ayala Corao y Raúl Canosa Usera estudian en el capítulo quinto los casos de incumplimiento y denuncia de los Convenios a ambos lados del Atlántico. Desde el caso de la desdichada Venezuela y su denuncia del Convenio Interamericano a otras modalidades de incumplimiento más frecuentes y más o menos abiertas o solapadas, como la actitud de Rusia, obstaculizadora incluso de la entrada en vigor del Protocolo 14 y reticente a adoptar medidas de cumplimiento, y la muy restrictiva aproximación de la República Dominicana al problema de los hijos de los trabajadores emigrantes de Haití.
La segunda parte del libro se dedica al estudio de varios ejemplos concretos de impacto de sentencias de los tribunales regionales en algunos Estados. No es un estudio exhaustivo, que excedería de lo que podemos ofrecer en un trabajo de estas características, pero se han elegido algunos temas de especial relevancia y actualidad. En algunos capítulos se trata un derecho específico (derecho al voto de los presos, derecho de propiedad o libertad religiosa) y en otros se abordan cuestiones transversales (perspectiva de género o derechos de los migrantes).
En el capítulo sexto, Encarna Carmona, Mónica Arenas, Yolanda Fernández y Flavia Piovesan analizan la jurisprudencia sobre derechos humanos con perspectiva de género en ambos tribunales y su impacto en varios países. Analizar cada derecho con una perspectiva de género significa tener en cuenta cómo los derechos humanos se disfrutan de forma diferente por los hombres y por las mujeres y cómo éstas sufren vulneraciones específicas por el hecho de ser mujeres. En este capítulo se estudia la jurisprudencia de ambos sistemas internacionales en cuestiones como son la discriminación por razón de género, los derechos sexuales y reproductivos y la violencia contra las mujeres.
María Díaz Crego e Ignacio García Vitoria estudian, en el capítulo séptimo, los derechos de los migrantes, continuando una tradicional línea de investigación de nuestro grupo, impulsada por un experto como fue Pablo Santolaya. El texto de los Convenios no parece contemplar expresamente tales derechos, pero éstos han alcanzado una interesante protección indirecta mediante su puesta en conexión con otros derechos.
Sorprendentemente, el derecho al sufragio activo de los presos se ha convertido desde el importantísimo Caso Hirst y la saga de asuntos que le sigue en uno de los asuntos más problemáticos del Sistema Europeo. Javier García Roca, Alberto Dalla Vía e Ignacio García Vitoria estudian esta problemática en el capítulo octavo. El Gobierno de Reino Unido se ha resistido por todos los medios a cumplir con este nuevo estándar europeo: la privación de libertad ya no puede anudarse automáticamente y sin mayores razones a la exclusión del sufragio. La cuestión parece bloqueada y la doctrina ha suscitado problemas también en Rusia y Turquía. No hay todavía una verdadera decisión de la Corte Interamericana, pero ya ha aparecido un control de convencionalidad difuso sobre el tema en Argentina, primero a nivel local y luego a nivel federal.
En el capítulo noveno, María J. Roca estudia la jurisprudencia sobre la libertad religiosa. Aunque en un principio, dudamos mucho acerca de la incorporación de este objeto de estudio e nuestro libro, puesto que aún no existen sentencias relevantes de la Corte Interamericana, no obstante, barruntamos que es un terreno con futuro suficiente como para albergar una recíproca influencia, porque ya hay asuntos en la Comisión y obviamente en los Estados, a la vez que es manifiesta la presencia creciente de iglesias protestantes en la tradicionalmente católica Latinoamérica. A su vez, la labor del Tribunal Europeo en la consolidación de la libertad religiosa y su adecuado entendimiento ha sido muy importante. También ha servido para contener nuevas amenazas en varios países del Este, que han tendido a ligar identidad nacional con religiones de Estado, avasallando a las minorías religiosas.
El derecho de propiedad es el objeto del décimo y último capítulo del libro, escrito por Anna Margherita Russo y Mar Aguilera. La amplia jurisprudencia del TEDH sobre este derecho ha llevado a tutelar muy variados objetos (bienes muebles e inmuebles, créditos, acciones…) e incluso a reconocer la tutela de derechos sociales de prestación, creando unos interesantes criterios hermenéuticos como es la necesidad de un justo equilibro entre el interés general y los intereses privados. En América Latina, a su vez, el derecho de propiedad ha permitido crear una idea de propiedad colectiva de las comunidades indígenas, que es mucho más que un mero derecho de propiedad y debe comprenderse como una forma de relación de las comunidades autóctonas con la naturaleza en la que viven y se integran siguiendo una aproximación cultural propia y diferente a la de génesis europea. Esto ha abierto la puerta al entendimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que es el reto más importante en América Latina y cuyo alcance llevará lustros interpretar, precisar y consolidar.
Javier García Roca
Catedràtic de dret constitucional. Universidad Complutense de Madrid
Encarna Carmona Cuenca
Professora de dret constitucional. Universidad de Alcalá
Altres apunts sobre drets humans al blog:
Altres articles sobre drets humans a la Revista Catalana de Dret Públic:
Dret internacional dels drets humans en períodes de crisi: criteris d’aplicació de les obligacions jurídiques internacionals en matèria de drets econòmics, socials i culturals – Jordi Bonet Pérez
Drets humans a Mèxic 2011-2013, el sorgiment d’un nou paradigma jurisprudencial. Anàlisi arran del premi de l’ONU – Victor Manuel Collí Ek
Els drets fonamentals en perspectiva multinivell. Reflexions entorn dels seus efectes – Teresa Freixes
Soroll, drets i tribunals: una visió transversal. La protecció en l’àmbit internacional i constitucional – Francesc Claverol Guiu
[1] La Europa de los Derechos. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, editado por Javier García Roca y Pablo Santolaya y publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Han salido ya tres ediciones y una más en inglés en la Editorial Martinus Nijhoff.
[2] La presente obra es el resultado de un Proyecto de Investigación sobre el impacto de las decisiones del TEDH y la Corte IDH, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (referencia: DER2012-37637-C02-01) e integrado por dos subproyectos coordinados y concedidos en 2011, respectivamente, a la Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad de Alcalá. Estaban codirigidos por Javier García Roca, como investigador principal, y por Pablo Santolaya y, más tarde, por Encarna Carmona, tras el fallecimiento de Pablo.