El borrador de la Declaración de Copenhague sobre la efectividad del sistema europeo de garantía en el medio y largo plazo – Argelia Queralt Jiménez

Se ha abierto una etapa en el debate sobre la efectividad del sistema europeo de Derechos Humanos en el medio y largo plazo. Se está discutiendo actualmente el borrador de la Declaración de Copenhague, aprobado el 5 de febrero de 2018, y auspiciado por la presidencia danesa del Consejo de Europa (noviembre 2017-mayo 2018). Este borrador deberá ser ajustado, en su caso, a las críticas presentadas por diferentes agentes y en diferentes foros. El texto en forma de Declaración deberá ser presentado para su aprobación en la Conferencia de Alto Nivel que se celebrará en Copenhague los días 12 y 13 de abril de 2018.

Este texto ha sido discutido en varios foros eminentemente académicos durante las últimas semanas por relevantes expertos y expertas en la materia (muy recomendables los análisis en Strasbourgobservers y en Ejil-Talk). Y ello porque el redactado del borrador ha generado suspicacias, no sin razón, entre todos ellos. Aunque el todavía hoy borrador de Declaración se suma a anteriores procesos de mejora del sistema -las conferencias de Interlaken (2010), Izmir (2011), Brighton (2012) y Bruselas (2015)-, parece que del actual redactado preocupa no tanto el papel de los Estados en el sistema, ya que se asume su parte de responsabilidad y la necesidad de mejorar la implementación de los derechos del CEDH en el ámbito doméstico y la ejecución (cumplimiento) de las sentencias del TEDH, sino, más bien, en incrementar el control sobre la actividad del TEDH. Esta nueva aproximación es una muestra más de que el Tribunal de Estrasburgo resulta especialmente molesto para algunos Estados, como ponen de manifiesto las denominadas en jerga académica “resistencias” a la autoridad del TEDH. Insisto que esta es una lectura de la actual redacción del borrador de Declaración que, esperemos, será modificada atendiendo a las críticas provocadas y, sobre todo, a la respuesta ofrecida por el TEDH.Llegeix més »

WhatsApp, tú y tus datos – Andoni Polo Roca
Abogado. Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia

Font: “WhatsApp” by microsiervos is licensed under CC BY 2.0

En el año 2021, WhatsApp anunció un cambio en su política de Condiciones y privacidad. Así, la compañía modificó sus términos y condiciones, que debían ser aceptados por los usuarios «sí o sí», y aquellos que no aceptasen los nuevos términos no podrían seguir usando la aplicación de mensajería a partir del 8 de febrero de 2021 (fecha tope de entrada en vigor de los nuevos términos). Con estos cambios se posibilitaba compartir los datos entre WhatsApp y Facebook.

Todo ello generó mucha preocupación entre los usuarios de WhatsApp, y fue tal el revuelo montado que la aplicación tuvo que aplazar la entrada en vigor de dichos cambios de la fecha inicial prevista (el 8 de febrero de 2021) hasta el 15 de mayo de 2021, dando a los usuarios la oportunidad de ir adaptándose paulatinamente a los cambios de privacidad, siendo esta la fecha tope (Raya, 2021; RTVE, 2021).

Pero, ¿qué sucede en realidad? ¿De dónde viene todo este revuelo? ¿Qué pasará con nuestros datos?Llegeix més »

La pandemia y la vacunación (II). Algunas reflexiones sobre el certificado verde digital y la vacunación contra la COVID-19 – César Cierco Seira
Catedrático de derecho administrativo. Universidad de Lleida

El objetivo de estas líneas es reflexionar sobre el certificado verde digital desde la perspectiva del “Derecho de la vacunación”. Es este certificado una figura nueva que, si el impulso se mantiene según lo anunciado por las instituciones comunitarias, aparecerá en breve sobre el tablero de la gestión de la pandemia. En todo caso, habida cuenta de que no disponemos aún del formato definitivo, es de fuerza puntualizar que las referencias y las citas que aquí se hacen están extraídas de la Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de test y de recuperación para facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19.Llegeix més »

Luis Moreno y Raúl Jiménez: Democracias robotizadas. Escenarios futuros en Estados Unidos y la Unión Europea, Libros de la Catarata, Madrid, 2018. – Cesáreo Rodríguez-Aguilera

La gran crisis iniciada entre 2007 y 2008 parece estar en trance de superación, pero la recuperación macroeconómica apenas ha tenido una incidencia social positiva puesto que las desigualdades no cesan de aumentar. Además, la progresiva robotización -expresión de la cuarta revolución tecnológica- acabará con buena parte del trabajo asalariado tradicional. El ensayo de Moreno y Jiménez, fruto de una infrecuente y muy productiva colaboración entre un sociólogo y politólogo y un cosmólogo y astrofísico, compara las actuales situaciones de los Estados Unidos de América (EUA) y la Unión Europea (UE).

El libro está estructurado en cuatro capítulos: 1) consideraciones teóricas sobre inteligencia artificial y robotización, 2) EUA, 3) UE y 4) conclusiones generales. El primero empieza con un reconocido homenaje a Alan Turing, padre de la computación moderna, el científico que descifró el código secreto Enigma de los nazis y, a continuación, se explican de forma comprensible para los no iniciados términos y conceptos relacionados con el mundo de la informática y los ordenadores. Hace ameno un campo técnico complejo y sirve para dar cuenta del gran cambio que ha supuesto la informática en nuestras vidas, con sus pros y contras. A corto y medio plazo unos de los principales problemas es el de la destrucción de ciertos puestos de trabajo, sobre todo los menos cualificados, pero el proceso es imparable por el gran ahorro que la robotización supone en tiempo, energía y dinero.

En los EUA es destacable su sólida tradición individualista y “libertaria”, pero ello en un contexto cada vez más dominado por el sector financiero especulativo cuyas peores consecuencias son los recortes del Estado del Bienestar (EB), ya de por sí débil y paliativo en ese país. El triunfo del neoliberalismo desde Ronald Reagan ha supuesto la generalización de las liberalizaciones, las privatizaciones y las desregulaciones que han beneficiado a los especuladores y a la ideología del fundamentalismo de mercado (no reñida, por cierto, con los rescates públicos de los bancos privados en quiebra). En particular, cabe recordar que el demócrata Bill Clinton propició la liquidación de una de las leyes de Franklin Roosevelt que había separado los bancos de depósitos de los especulativos (la ley Glass/Steagall), lo que supuso alejarse de los intereses populares que los demócratas habían representado tradicionalmente. Con todo, pese a la larga tradición individualista en ese país son significativas las demandas populares de servicios públicos precisamente por el aumento de las desigualdades: el 1% controla el 40% de la riqueza nacional. Las reformas fiscales del Presidente Donald Trump no han hecho más que agravar el foso social, a la vez que se han deteriorado las condiciones laborales de los trabajadores: empleos precarios, caída de los salarios, debilidad de los sindicatos y recortes de las prestaciones.Llegeix més »

Discriminación por razón de discapacidad (sobre la STEDH de 30 de enero de 2018, Enver Şahin c. Turquía) – Juan Manuel Herreros López

Detalles del caso y recorrido administrativo y judicial 

El señor Şahin, un estudiante universitario de primer año de Mecánica, sufrió en 2005 un accidente que le dejó parapléjico, lo que le obligó a suspender sus estudios hasta que su estado físico le permitiera reintegrarse a la universidad. En marzo de 2007 solicitó a las autoridades académicas que se hicieran las adaptaciones materiales necesarias en las instalaciones de su Facultad para poder reanudar, en el siguiente curso académico, sus estudios en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes. En mayo de 2007 la Facultad respondió a su petición mediante escrito en el que le indicaba que el edificio de la facultad había sido concebido y construido con varios pisos que podían acoger a 3.000 estudiantes y que su arquitectura no podría ser modificada. Precisaba que se había pedido al Rectorado autorización para proceder a realizar ciertos cambios en las entradas y salidas del edificio, pero que no sería posible concluir estos trabajos a corto plazo. Concluía que, si el interesado quería continuar con sus estudios, buscarían darle una ayuda dentro de sus posibilidades. En agosto de 2007 el Sr. Şahin dirigió, por vía notarial, al rector de la universidad y al decano un requerimiento instándoles a efectuar los acondicionamientos solicitados.

En septiembre de 2007 el Rectorado de la Universidad le respondió que las adaptaciones solicitadas no podían finalizarse a corto plazo por razones presupuestarias, pero le ofreció la ayuda de un asistente personal para asegurar sus desplazamientos dentro de las instalaciones de la facultad. El señor Şahin rechazó esta oferta y en noviembre de 2007 recurrió ante los tribunales de justicia, alegando una violación discriminatoria de su derecho a la educación, así como que la alternativa propuesta por la Universidad lesionaba su privacidad y autonomía. Afirmaba, además, que el hecho de que una persona tuviera que subirle por las escaleras del edificio, presentaba un riesgo serio de caída. Por otro lado, consideraba que los acondicionamientos que exigía constituían una obligación legal para la universidad de acuerdo con la normativa sobre urbanismo, reformada en el año 1997.

El 9 de abril de 2010, el Tribunal administrativo, ante el que recurrió las resoluciones de la Universidad, declaró, entre otras cosas, que los edificios en cuestión se habían construido de conformidad con la normativa vigente en 1988, por lo que no se podía culpar a las autoridades universitarias por no haber aplicado en el edificio las directrices técnicas en materia de accesibilidad establecidas en una legislación adoptada posteriormente para las personas con discapacidad. Por último, la sentencia indica que la administración había informado al demandante de que se adoptarían medidas arquitectónicas de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y que se designaría a una persona para que lo llevara a las clases. El demandante recurrió dicha sentencia ante el Consejo de Estado que desestimó el recurso y confirmó la sentencia de instancia.Llegeix més »