Existe de forma muy extendida la idea de que la contratación pública se debe regular desde la lógica del respeto a los principios del mercado, para poder dar satisfacción al principio de igualdad de trato. Pero esta filosofía no es ni puede ser una especie de “dogma” sin excepción.
La consecución del modelo social que los ciudadanos desean debe hacerse con y desde una Administración pública con vocación transformadora comprometida con la calidad de la gestión de los servicios públicos, donde una visión “economicista sobre el exclusivo criterio del precio” no sea el referente, sino que, como se propone desde Europa, apueste por la idea calidad/precio.
