Una idea comúnmente aceptada sobre la aplicación de los tributos –un paradigma clásico– dice que en la relación tributaria existen dos sujetos: la Administración, que pretende maximizar la recaudación, y el contribuyente, que procura pagar lo menos posible. También existe hoy la percepción de que las administraciones tributarias buscan compensar la reducción de ingresos públicos, sufrida en la actual situación de crisis económica, mediante un mayor control sobre los contribuyentes. Y que los contribuyentes intensifican las prácticas de elusión fiscal, más asequibles además en la época de las nuevas tecnologías de la comunicación.
Pero este paradigma tan simple comienza a quedar superado. Las razones que explican su disipación pueden mostrarse en relación con los sujetos intervinientes: Administración y contribuyentes. Pero antes se ha de advertir la aparición, cada día más relevante, de un tercer compareciente, siquiera sea difuso, en las obligaciones tributarias: podría decirse que es la sociedad en general, cuya presencia se concreta de distintas maneras. Así a través de los medios de comunicación, que informan sobre los estados del ingreso y gasto público y sobre el grado de cumplimiento o fraude por parte de los obligados tributarios; por medio de asociaciones de todo tipo, que realizan propuestas o críticas sobre normas fiscales o sobre la aplicación de los tributos; por los ciudadanos singulares que, a través de los citados medios y de las redes sociales en particular, toman la palabra y promueven acciones ante los fraudes tributarios conocidos o ante la planificación fiscal agresiva de grandes empresas. En definitiva, se detecta una mayor sensibilidad social ante la corrupción y se exige públicamente que los contribuyentes paguen los impuestos que les corresponden.
