El principio del Estado de derecho se ha querido a menudo ligar más a una noción interesada de seguridad jurídica entendida estrictamente como cobertura normativa que otorga previsibilidad, que a la sumisión de todos los poderes del Estado a un derecho de los derechos, a un Estado de derecho.
El presente análisis va a tratar de ejemplificar –y denunciar– dicha tendencia coincidiendo con el curso del procedimiento legislativo que debería llevar a una importante reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Entre los aspectos de tal reforma, las fuerzas políticas que integran la coalición de Gobierno señalan haber pactado eliminar de la ley la referencia a las llamadas “devoluciones en caliente”, remitiéndose esta materia a la legislación sobre extranjería que, a su vez, deberá resultar “conforme a lo establecido en los convenios internacionales suscritos por España”, por recoger los términos aparecidos en prensa. La cuestión central en este aspecto, por tanto, se sitúa en qué entender por conformidad a los convenios internacionales.Llegeix més »
La STEDH (Sala 3ª) de 3 de octubre de 2017, as. N.D. y N.T. c España, ha condenado por unanimidad al Reino de España por la violación de los derechos de los demandantes del art. 4 del Protocolo 4 del CEDH –prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros- y del art. 13 CEDH, en relación con el anterior –derecho a un recurso efectivo contra una expulsión colectiva de extranjeros-. Esta resolución no es firme y contra la misma cabe, en los términos del art. 43.1 CEDH, la solicitud de su remisión a la Gran Sala en el plazo de tres meses, que finaliza el 3 de enero de 2018.