El 2 de abril de 2025 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, con la que se persigue fomentar la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos por parte de los diferentes agentes que componen la cadena alimentaria. Su finalidad es dar respuesta a la Agenda 2030 en lo relacionado con el sistema alimentario de producción y consumo responsables.
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya publicarà aquest juny el número 70 de la Revista Catalana de Dret Públic (RCDP) amb deu articles acadèmics, sis dels quals s’inclouen en una secció monogràfica dedicada a les noves perspectives del tracte als animals. Són contribucions a càrrec de professorat i persones expertes en dret públic, filosofia, ètica, ciència política, dret penal, dret processal i dret constitucional, entre altres.
Els coordinadors acadèmics de la secció monogràfica, i que en signen la introducció, són Carolina Leiva Ilabaca, investigadora associada del Cambridge Centre for Animal Rights Law (Anglaterra); María José Rodríguez Puerta, professora titular de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Joan Lluís Pérez-Francesch, catedràtic de Dret Constitucional de la UAB i fins fa poc director de l’RCDP.
El Decreto ley 3/2025, de 4 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de contratación pública introduce múltiples previsiones en la materia. En esta ocasión queremos profundizar en una de ellas, referida al régimen de subcontratación, al que afecta de forma importante. Y es que, a la regulación de los artículos 215 a 217 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), se suma la del artículo 5.
De entre las novedades del texto destaca la posibilidad de que, ante incumplimientos por parte de subcontratistas, el órgano de contratación pueda exigir a la empresa la sustitución del contratista. También se reconoce la posibilidad de que el subcontratista reciba un certificado de buena ejecución de la Administración respecto a la parte que ha ejecutado, algo muy demandado por las empresas. Por otro lado, se exige la remisión de una copia de los subcontratos en servicios y obras sujetos a regulación armonizada, algo que costará a los contratistas por la revelación de sus precios “internos” con estas empresas.
En una comparecencia pública celebrada el 21 de febrero de 2025, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció que la primera subasta para la eólica marina se llevaría a cabo en 2025. Dicha declaración es el punto de partida de esta nota, que hace algunas reflexiones sobre varias decisiones que deberían ser resueltas por la orden ministerial que establezca el procedimiento para la subasta referida.
Este análisis está basado en el artículo “Règim jurídic per a l’impuls de l’eòlica marina des de Catalunya. La mesura del possible en un marc competencial desfavorable”, que he publicado en el número 69 de la Revista Catalana de Dret Públic. Nos permite realizar una actualización de algunas cuestiones revisadas en dicha publicación.
La monografia El derecho administrativo en la Sociedad de la Información. Nuevas claves conceptuales en la relación de la Administración con la ciudadanía –que recull part de la tesi doctoral de la doctora Sara Sistero Ródenas, professora de dret administratiu de la Universitat Jaume I de Castelló– aborda la disrupció i la intensitat relacional que recorre la nova ciència del dret administratiu (Neue Verwaltungsrechtswissenschaft) com a tret definitori d’aquest dret en la societat de la informació i el coneixement. Així, la nova ciència del dret administratiu, tal com afirma al pròleg el doctor Ricardo García Macho, catedràtic emèrit de Dret Administratiu de la Universitat Jaume I de Castelló:
[…] parte de las transformaciones sociales y económicas producidas en las últimas décadas y los retos a los que se enfrenta la Administración en su relación con los ciudadanos, como consecuencia de esas carencias del proceso político y también de los profundos cambios producidos en la sociedad, a los que debe dar respuesta la Administración. Desde estos presupuestos aborda la tesis el trascendental cambio producido en las tareas de la Administración y la necesaria evolución en este contexto de la dogmática del Derecho Administrativo.
