La alimentación forzosa de los presos en huelga de hambre en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: comentarios a la sentencia Yakovlyev c. Ucrania – Elisa Llop Cardenal
Abogada. Letrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “TEDH” o “el Tribunal”) se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones acerca de la cuestión de la alimentación forzosa a los presos en huelga de hambre. Se trata de una situación que genera un conflicto ético y jurídico, en el que se enfrentan el derecho individual a la integridad física, protegido bajo el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “CEDH” o “el Convenio”), y la obligación positiva de los Estados de proteger la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción, protegida bajo el artículo 2 del Convenio.

Es jurisprudencia ya asentada del Tribunal que la alimentación forzosa destinada a salvar la vida de un preso que de manera consciente y voluntaria se niega a ingerir alimentos no es, per se, contraria al artículo 3, siempre que la medida sea necesaria desde el punto de vista médico y se adopte de conformidad con las garantías procesales exigibles (sentencia TEDH, Ciorap c.  Moldavia, núm. 12066/02, de 19 de junio de 2017, § 77). Además, la forma en que se administre esa alimentación en ningún caso debe traspasar el umbral mínimo de gravedad para ser considerado un trato contrario al artículo 3 del Convenio (sentencia TEDH, Nevmerzhitsky c. Ucrania, núm. 54825/00, de 5 de abril de 2005, § 94).Llegeix més »

La Carta Social Europea: la importancia de los derechos sociales y su efectividad sobre la mesa – Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado
Profesora titular (a.) de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Barcelona

La Carta Social Europea, que entra en vigor en 1965, es el gran aliado en materia de derechos sociales,[i] pese a que muchos profesionales del derecho, incluso en la academia, ignoren su existencia, estudio, enseñanza y validez. Su naturaleza jurídica es la de un tratado de derechos humanos, como se analizará más adelante. Fue elaborada en el seno del Consejo de Europa[ii] para contribuir, como complemento al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a los ideales de la organización de estrechar los lazos entre estados y salvaguardar y promover el progreso económico y social.

España se adhirió a la Carta Social Europea de 1961 (Turín) a través del Instrumento de Ratificación, de 29 de abril de 1980,[iii] entrando en vigor el 5 de junio de 1980.Llegeix més »

La protecció dels drets humans dels ciutadans afectats per la sortida de Rússia del Consell d’Europa – Noemí Morell
Professora associada de Dret Internacional Públic a la UB

L’expulsió de Rússia del Consell de Europa ha provocat que el país i, per tant, els seus ciutadans deixin de formar part dels mecanismes per a la protecció de drets humans que ofereix aquest òrgan internacional creat el 1949 pel Tractat de Londres i del qual la Federació Russa és membre des que el govern de Boris Ieltsin en va demanar l’entrada el 1996.

Sovint es confon el Consell d’Europa amb la Unió Europea, malgrat que les dues entitats comparteixen valors comuns com la defensa dels drets humans, de l’estat de dret i la democràcia, són dos organismes internacionals amb finalitats, estats membres i estatuts diferents. Mentre que la UE és un organisme d’integració, el Consell d’Europa és de cooperació, la qual cosa significa que requereix en certa manera menys cessió de sobirania i compromís per part dels seus estats membres.Llegeix més »

El derecho de reunión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con especial atención al caso Comunidad Ginebrina de Acción Sindical (CGAS) contra Suiza, de 15 de marzo de 2022 – Miguel Ángel Presno Linera
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo

Sala del Tribunal Europeu de Drets Humans
Font: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons

1.- La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el ejercicio del derecho de reunión

Es sabido que el derecho de reunión tiene una extraordinaria importancia en un Estado democrático y está estrechamente vinculado al ejercicio de la libertad de expresión; en este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) establece que “la protección de las opiniones y la libertad de expresarlas es uno de los objetivos de las libertades de reunión y asociación recogidos en el artículo 11” (asunto Partido de Libertad y Democracia c. Turquía, de 8 de diciembre de 1991, § 37) y, al igual que aquéllas, “la libertad de reunión como la recoge el artículo 11 del Convenio, protege una manifestación que moleste u ofenda a las personas opuestas a las ideas o reivindicaciones que esté intentando conseguir” (asuntos Plataforma “Arzte für das Leben” c. Austria, de 21 de junio de 1988, § 32, y Stankov y United Macedonian Organisation Ilinden contra Bulgaria, de 2 de octubre de 2001, §§ 85 y 86).Llegeix més »

Las “devoluciones en caliente” como ataque frontal al Estado de derecho. La reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana como oportunidad (¿perdida?) – Marco Aparicio Wilhelmi
Profesor agregado Serra Húnter de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona

Font: fronterasur, amb llicència CC BY-NC 2.0

El principio del Estado de derecho se ha querido a menudo ligar más a una noción interesada de seguridad jurídica entendida estrictamente como cobertura normativa que otorga previsibilidad, que a la sumisión de todos los poderes del Estado a un derecho de los derechos, a un Estado de derecho.

El presente análisis va a tratar de ejemplificar –y denunciar– dicha tendencia coincidiendo con el curso del procedimiento legislativo que debería llevar a una importante reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Entre los aspectos de tal reforma, las fuerzas políticas que integran la coalición de Gobierno señalan haber pactado eliminar de la ley la referencia a las llamadas “devoluciones en caliente”, remitiéndose esta materia a la legislación sobre extranjería que, a su vez, deberá resultar “conforme a lo establecido en los convenios internacionales suscritos por España”, por recoger los términos aparecidos en prensa. La cuestión central en este aspecto, por tanto, se sitúa en qué entender por conformidad a los convenios internacionales.Llegeix més »