La libertad en tiempos de pandemia: algunas reflexiones – Jordi Nieva Fenoll
Catedrático de derecho procesal (UB)

Dona amb mascareta amb la mà oberta fent un gest de parar
Font: https://www.vperemen.com (CC BY-SA 4.0)

Nadie concibe que si está enfermo de una enfermedad infecciosa, le puedan quitar la vida para evitar contagios. Muerto el perro, muerta la rabia. No se le ve lógica alguna a un pensamiento semejante, porque la vida como valor a proteger no solamente es muy antiguo en nuestra cultura, sino que enlaza directamente con el instinto de supervivencia que posee cualquier ser vivo.

Sin embargo, a lo largo de la historia no sólo se ha permitido, sino que se ha considerado justo quitarle la vida a un delincuente, o a un soldado rival al que logísticamente no se puede hacer prisionero en una guerra. O se ha despreciado la vida de los siervos, simplemente por ser de una categoría social inferior o incluso de otra raza. Pareciera que en situaciones que se consideran justificadas en algunos contextos, la vida humana no importa. Al fin y al cabo, cuando estos días se han tenido que hacer los temidos triajes para escoger cómo se administra la escasez de tratamiento sanitario, se ha elegido priorizar las expectativas de vida con mejor pronóstico de supervivencia, es decir, a los más fuertes.

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La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana: un deber pendiente del legislador – Andoni Polo Roca

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (en adelante, LOPSC) cumplió el pasado 1 de julio cuatro años en vigor, cuatro años no exentos de polémica. Con dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante el TC —que aún no ha resuelto sobre su constitucionalidad— y diversas peticiones de derogación, la ley incorpora infracciones de todo tipo y entre las más problemáticas, encontramos las relativas a las fuerzas y cuerpos de seguridad (FyCS), en general (estatales, autonómicos, forales, locales), infracciones que han crecido año tras año desde que la LOPSC entró en vigor.

Las faltas de respeto a las FyCS, si bien antes de la reforma de 2015 se sancionaban penalmente como falta (art. 634 CP de antes de 2015), hoy en día no las recoge el artículo 556.2 del CP vigente, pero sí las recoge la LOPSC (art. 37.4) como “faltas de respeto y consideración”, una definición muy imprecisa con una sanción de hasta 600 euros. ¿Qué es lo que se sanciona exactamente? ¿una mala cara? ¿llamar “tonto” a un agente de policía? ¿guiñarle un ojo? No parece que esté claro. Esta infracción, además, podría colisionar con el derecho fundamental a la libertad de expresión (art. 20.1.a CE) o con la libertad de información (art. 20.1.d CE). ¿Puede subsumirse la crítica a la policía dentro de este tipo infractor? ¿y las siglas ACAB? En este sentido tenemos pronunciamientos que hacen tambalear la aplicación de esta infracción: el caso Savva Terentyev c. Rusia del TEDH, el del Tribunal Constitucional Federal Alemán que ampara que las siglas ACAB son libertad de expresión o el auto de 2018 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que declaró que la CE no reconoce el derecho a no sentirse ofendido.Llegeix més »