Us avancem els continguts del número 49 de la Revista catalana de dret públic que es publicarà a finals d’aquest mes:

Transparencia y derecho de acceso a la información pública. Algunas reflexiones en torno al derecho de acceso en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno – José Luis Piñar Mañas, catedràtic de dret administratiu de la Universitat CEU San Pablo

La transparencia es un elemento esencial de cualquier Estado democrático. El llamado right to know se abre paso con fuerza en las modernas legislaciones. En España, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno pretende cubrir una laguna en nuestro ordenamiento, pero no se ha aprovechado la oportunidad de poder contar con una ley innovadora. Al contrario, se ha desperdiciado una ocasión para poder incorporar la transparencia de modo efectivo en nuestro sistema jurídico. La ley debería haber configurado el derecho de acceso a la información pública como un verdadero derecho fundamental, y no sólo como una manifestación de la transparencia en cuanto principio de actuación de las Administraciones Públicas. De la Ley 19/2013 se analiza en particular el régimen del derecho de acceso (no la transparencia activa) con una particular referencia a la relación entre transparencia y protección de datos.

El control previo de constitucionalidad de las normas con rango de ley. Crónica de un escéptico – Ignacio Villaverde Menéndez, catedràtic de dret constitucional de la Universitat d’Oviedo

El artículo realiza un análisis del control previo de constitucionalidad de normas con rango de ley y, muy en particular, de la propuesta de recuperación de ese control para el caso de los proyectos de reforma estatutaria. A juicio del autor, no hay razón dogmática ni sistémica que haga de mejor condición a este control respecto del sucesivo; son razones de política constitucional y prácticas las que explican su recuperación para el sistema de jurisdicción constitucional en España. Tras un análisis de derecho comparado, de la experiencia española del abrogado artículo 79 de la LOTC en su versión original, y un repaso de las cuestiones frecuentes sobre el asunto, el autor realiza una serie de propuestas sobre la confección técnica de este tipo de recurso y concluye su condición de recurso jurisdiccional cuyo fin es asegurar un consenso constitucional sobre la forma territorial del Estado español.

Adoption and Rejection of Austerity Measures: Current Controversies under European Law (Focus on the Role of the European Committee of Social Rights) – Luis Jimena Quesada, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de València i president del Comitè Europeu de Drets Socials

The article intends to demonstrate that the economic crisis cannot play as a pretext to undermine the social acquis already consolidated in Europe. Indeed, the austerity measures have not only been a source of disagreement within the European Union itself (which has even shown different speeds when preparing pacts or mechanisms for economic stability), but have also led to the emergence of discrepancies with the Council of Europe. In particular, the rejection of these measures (i.e. anti-crisis legislation in Greece) by the Council of Europe (by some decisions of the European Committee of Social Rights) illustrates that some presumed “economic stability pacts” adopted in a cyclical manner and without consensus of the EU Member States (currently 28) are not consistent with the legal, economic and social stability fostered by the true “European Pact for Social Democracy” that is the European Social Charter (accepted by 43 of the 47 Members of the Council of Europe, including all belonging to the EU). In other words, the Social Charter implies a consolidation for decades (since 1961) of a social model based on a treaty that gives legal certainty to the European continent, since it has become a potential source of synergy and harmonization between the European Union and the Council of Europe, at both judicial and political levels of the two organizations.

El futuro de la dogmática de los derechos – Guillermo Escobar Roca, professor titular de dret constitucional de la Universitat d’Alcalá

Este trabajo realiza una caracterización general de la dogmática jurídica actual, con especial referencia a la dogmática de los derechos fundamentales. Repasa las tareas que realiza, analiza sus funciones sociales y concluye con una reflexión sobre su naturaleza científica. Seguidamente, explora sus perspectivas de desarrollo, a partir de seis elementos: tomarse en serio la fuerza normativa de la Constitución, abrir los ojos al exterior, explicitar las valoraciones y fundamentarlas mejor, atender más a la realidad social, mejorar las propuestas de reforma del derecho y tener más en cuenta las aportaciones de la teoría del derecho. En síntesis, el autor considera que la evolución y mejora de la dogmática de los derechos debe centrarse en la incorporación de otras disciplinas, sin por ello llegar a la interdisciplinariedad.

Consells comarcals: present i prospectiva – Esther Pano Puey, professora associada del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Universitat de Barcelona, coordinadora de l’Observatori de Govern Local de la Fundació Carles Pi i Sunyer i Alba Viñas Ferrer, Fundació Carles Pi i Sunyer

Més de vint-i-cinc anys després del seu restabliment, els consells comarcals s’han consolidat com a part de l’engranatge del sistema institucional català. No obstant això, alguns dels dubtes que van aflorar en el moment de la seva creació encara continuen vigents.

Davant la manca d’un marc competencial que els atribuís funcions inequívoques, des dels seus inicis els consells comarcals es van erigir com una institució que va buscar l’acomodació en els espais de gestió que no ocupaven els altres nivells d’administració. D’aquesta forma, la comarca esdevé una juxtaposició d’elements propis dels ens locals dotats d’autonomia amb components d’una entitat de desconcentració de la Generalitat. En aquest article reflexionem sobre aquesta mixtura a partir de dades recollides mitjançant una metodologia que permet una anàlisi empírica basada en el desplegament efectiu dels consells comarcals.

La disciplina giuridica del Terzo settore in Italia ed il disegno di legge governativo C2617 del 2014 – Emanuele Rossi, catedràtic de dret constitucional de la Scuola superiore Sant’Anna de Pisa

Il lavoro prende in esame la situazione normativa italiana di quel fenomeno organizzativo definito “Terzo settore”, la cui consistenza è in continua crescita (sia in termini di partecipazione, sia in relazione all’apporto da esso offerto al sistema di welfare) e che è oggetto di un disegno di legge, presentato dal Governo al Parlamento, a seguito di una consultazione pubblica avviata dallo stesso Governo. Nell’articolo vengono presi in considerazione due aspetti soprattutto: la necessità di una definizione normativa di cosa debba intendersi “Terzo settore” e quindi dei criteri per stabilire quali enti ne facciano parte; in secondo luogo, la disciplina degli strumenti mediante i quali le amministrazioni pubbliche rendono partecipi gli enti del Terzo settore nelle diverse fasi con le quali si organizzano i servizi finalizzati alla tutela dei diritti sociali.

La articulación de la factura electrónica en la contratación pública local – Antonio García Jiménez, doctorand del Departament de Dret Administratiu, Financer i Processal de la Universitat de Salamanca

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, prevé la utilización obligatoria de la factura electrónica en las compras públicas. Entre los sujetos situados bajo su ámbito subjetivo se encuentran las entidades locales, que deben de disponer de un punto general de entrada de facturas electrónicas y de un registro contable que permita a los proveedores presentar sus facturas en formato electrónico. Este trabajo pretende servir de guía a las entidades locales en la implementación de los registros necesarios para implantar la factura electrónica en las compras públicas locales, desglosando para ello las diversas opciones de las que disponen y formulando sugerencias al respecto.

La imposición de prestaciones personales en concepto de sanción en el ámbito educativo – María Jesús García García, professora titular de dret administratiu de la Universitat de València

El examen de la normativa que regula el régimen jurídico de la enseñanza no universitaria pone de manifiesto que las normas que regulan la convivencia en los centros educativos prevén el recurso a unas medidas que permiten imponer al alumnado su colaboración en la realización de tareas «que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro y que pueden imponerse dentro o fuera del horario lectivo». Desde el punto de vista de su contenido, la adopción de estas medidas implica la realización de una prestación personal que comporta el surgimiento de una obligación positiva de hacer por parte del sujeto sancionado. Y la primera cuestión que suscitan es la de determinar su naturaleza jurídica, puesto que de ello dependerá su régimen jurídico. A pesar de la terminología eufemística empleada por algunas de las normas que regulan el régimen de la convivencia escolar y que hablan de conductas contrarias a las normas de convivencia y mecanismos de corrección, no se puede negar que en realidad estamos ante sanciones administrativas, aunque las finalidades establecidas para dichas sanciones no son de carácter estrictamente punitivo o sancionador, sino que buscan adicionalmente un efecto educativo sobre el alumno, dado que estamos hablando de sanciones que recaen sobre menores de edad, lo que plantea el problema de la edad mínima a partir de la cual pueden imponerse tales sanciones. Partiendo pues de su naturaleza jurídica sancionadora, hay que tener en cuenta que dichas medidas se imponen en el marco de una relación de sujeción especial, que es precisamente aquella que liga la Administración con los estudiantes, y ello implica ciertas peculiaridades en la aplicación de algunos de los principios que rigen el derecho sancionador, tales como el principio de legalidad.

Ascesa, criticità e declino del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia come microcosmo intergovernativo – Marco Mazzarella, doctor cum laude en «Persona e tutele giuridiche»

Il contributo sottopone il Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ad una puntuale analisi critica, con taluni riferimenti comparati, volta a far emergere l’inclinazione che i dispositivi istituzionali e giuridici delle relazioni intergovernative formalizzate di tipo verticale-multilaterale mostrano a farsi strumento dell’espansione dei diritti prestazionali della persona, ma anche l’incidenza in materia delle variabili di finanza pubblica: sotto entrambi i profili, emergono forti le tensioni con le esigenze dell’autonomia territoriale. L’analisi si articola in quattro parti: nella prima, premessa una minima panoramica sull’altrimenti poverissima esperienza spagnola dell’uso delle relazioni tra Esecutivi in funzione nomopoietica, s’introducono i profili di fondo del SAAD e le direttrici seguite dal legislatore del 2006, distinguendosi accuratamente tra ciò che è autenticamente innovativo (nomopoiesi negoziata) ed un’ingombrante, tradizionale base di spending power, con una sintesi, dal punto di vista sempre relazionale, del regime giuridico dei tre niveles di protezione e delle peculiarità del braccio organizzativo istituito ad hoc (seconda parte). L’analisi si fa sistematica nelle due parti seguenti, per dedicarsi sia alla struttura subvencional, con estensione all’imprescindibile nodo competenziale e alla portata finanziaria del SAAD, sia alle plurime declinazioni della nomopoiesi negoziata. L’ultima parte trae alcune implicazioni sul piano intergovernativo delle anche recentissime evoluzioni finanziarie toccate al SAAD nel quadro della crisi economico-finanziaria.

El Plan Nacional Empresas y Derechos humanos y el marco regulatorio de las empresas del sector público – Encarnación Montoya Martín, catedràtica de dret administratiu de la Universitat de Sevilla

El proyecto de implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos en España a través del Plan Nacional de Empresa y Derechos humanos actualmente en elaboración, se inserta en un contexto de crisis económica caracterizada en España por la imperiosa necesidad de fomentar el empleo y la internacionalización de nuestra economía.

La Ley 2/2011 de Economía Sostenible hace una referencia expresa a la responsabilidad social de las empresas y a criterios de sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas, lo que comprende el respeto a los derechos humanos. No obstante, su alcance es limitado, tanto por lo que respecto al ámbito subjetivo como al objetivo o contenido de su regulación.

En orden al deber del Estado de proteger así como de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, los Principios Ruggie contemplan expresamente el nexo especial existente entre el Estado en un sentido lato y determinadas empresas, es decir, entidades instrumentales del sector público.

Los Principios Rectores de la ONU son una manifestación del Derecho global que sitúa en el centro del sistema la dignidad de la persona. La incorporación expresa de tales principios con mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de reparación constituyen un motor de progreso y un elemento a tener en cuenta en la racionalización de la Administración y sus estructuras, contribuyendo a satisfacer el derecho a una buena administración.

Notes

Reforma constitucional y forma territorial del Estado – Manuel Fondevila Marón, investigador de dret constitucional, Universidade da Coruña

Este trabajo defiende que la forma territorial del Estado (unitario, federal, etc.) es un límite a los poderes constituidos de reforma en todo Estado, independientemente de que figure o no expresamente en la Constitución a modo de cláusula de intangibilidad, y ello porque constituye uno de los tres pilares que caracterizan un régimen pol