Arran dels terribles assassinats produïts darrerament a París, particularment a la redacció de la revista satírica Charlie Hebdo, en l’opinió pública s’han reobert certs debats sobre les conseqüències dels atemptats en una societat democràtica i sobre l’abast dels límits als drets fonamentals. Hem volgut intervenir en aquests debats demanant a dos especialistes en el tema que n’analitzin alguns aspectes, especialment les relacions entre llibertat i seguretat (Rafael Martínez, catedràtic de ciència política de la UB) i entre llibertat d’expressió i ofensa a les creences d’una part de la població (Laura Díez, prof. titular de dret constitucional, UB)

Los recientes atentados parisinos han puesto en la primera línea del debate la relación inversamente proporcional entre la libertad y la seguridad. Si algo caracteriza las democracias liberales es la existencia de derechos y libertades. Sin embargo, parece que ese logro deja altamente desguarnecida la seguridad y que esta solo puede incrementarse a costa de éstos. De ser eso cierto, estaríamos afirmando que la seguridad absoluta se produciría en un escenario de eliminación radical de derechos y libertades. ¿Es por tanto un sistema político sin libertades lo más seguro? Tajantemente no. Por tanto, ¿qué es la seguridad?

Seguridad es la cualidad de lo seguro. A su vez, por seguro entendemos: (i) el no tener dudas, (ii) la probabilidad de que algo ocurra o no falle o, por último, y es lo que nos interesa, (iii) el estar a salvo.[1] Desde esta última acepción, la locución “de seguridad” se aplica a un ramo de la Administración pública cuyo fin es el de velar por la seguridad de los ciudadanos.[2]

La seguridad no es un fin en sí misma, no es una necesidad final. Se trata de un requisito que surge a demanda de otro objetivo que se desea alcanzar. La seguridad se convierte, por lo tanto, en una premisa imprescindible para el desarrollo del objetivo finalista que sí que la ha requerido. Alcanzarla, por lo tanto, pasa a ser una prioridad puesto que hasta que no la logremos, la meta que la requirió estará en expectativa. Es pues la garantía de construcción de otros fines. De nada sirve estar seguro, si no es para algo. Ello, en los escenarios democráticos, desemboca en garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por tanto, no hemos de perder derechos y libertades para estar seguros, sino que hemos de estar seguros para poder ejercitar nuestros derechos y libertades.

El requerimiento de seguridad nace siempre de una hostilidad que dificulta un objetivo. La necesidad de eliminar esos peligros, riesgos y daños que el agente hostil anuncia o provoca dan sentido a la seguridad. En definitiva, la seguridad es un instrumento que nos garantiza la libertad imprescindible y necesaria para acometer otras actividades. Pero, ¿cuánta seguridad necesitamos? Depende. La seguridad absoluta es inalcanzable. No es una quimera, es sencillamente imposible. Por ello, siempre vamos a tener que asumir un cierto margen de riesgo, lo cual convierte a la seguridad en gradual. Cuanta mayor cantidad de riesgo asumamos menor grado de seguridad necesitaremos. Seguridad y riesgo sí que viven una relación inversamente proporcional. A mayor seguridad menor riesgo, y viceversa.

De lo dicho se infiere que son tres los componentes principales de la seguridad: la amenaza, los bienes a proteger (materiales e inmateriales) y la cobertura. La amenaza proviene de un agente hostil más o menos nítido (cada vez más difuso, por cierto). Respecto de los bienes a proteger, tal y como he advertido, no conviene ser un iluso. Protegerlo todo es inalcanzable; luego se deberá hacer un esfuerzo por determinar qué bienes son esenciales y por lo tanto deben ser protegidos y en qué grado. En otras palabras, habrá en un extremo bienes para los que deberemos articular un margen de riesgo cero, puesto que de otro modo son imposibles de disfrutar, junto con otros cuyo disfrute está repleto de riesgos y que solo dispondrá de protección reactiva, siempre que sea factible y relevante. Por último, la cobertura, los mecanismos que articulamos para asegurar nuestros bienes, estará en función de nuestros recursos y del grado de seguridad que se desee, o se esté capacitado, alcanzar. Pero siendo conscientes de que cualquier variación de las circunstancias normalmente invalida o desfasa nuestros medios. No en vano, las amenazas son dinámicas y cambiantes. Es decir, cuando hablamos de seguridad, habitualmente estamos lejos de la certeza, querámoslo o no, nos movemos en el terreno pantanoso de la incertidumbre.

La aplicación de todo lo dicho a los estados nos conduce a infinidad de facetas de la seguridad: vial, alimentaria, jurídica, callejera, sanitaria, educativa, nacional… Esta última, dentro del sistema internacional, ha sido entendida durante muchos lustros como un juego exclusivo entre estados. Solo eran agentes hostiles generadores de riesgos y amenazas otros estados. Era, además, un juego de suma cero. La seguridad que yo (Estado) alcance, solo es posible a costa de la inseguridad de otros (estados). De ahí, que la potencia militar, la promoción de los valores del mundo libre (democracia y economía de mercado) y las políticas de disuasión (amenaza latente y patente de infligir un daño irreparable a quien me agreda) hayan sido los instrumentos esenciales manejados en este ámbito. La combinación de potencia, promoción y disuasión llegó a hacer creer que se alcanzaba la invulnerabilidad. Solo tras el fin de la guerra fría y motivada, en buena medida, por la sensibilidad de determinados bienes básicos como el petróleo, imprescindibles para el modo de vida occidental, surge la idea de vulnerabilidad de nuestros estándares de vida y la consiguiente necesidad de cooperación entre estados para acometer la protección de dichos bienes y alcanzar, así, la seguridad estatal. A todo ello hay que sumar, desde finales del siglo XX, las amenazas difusas en cuanto al agente generador (tráfico de drogas, terrorismo, crimen organizado, riesgos medioambientales, etc.) que rompen la dinámica de la disuasión entre estados y demuestran la inoperancia del potencial militar y la urgencia por remodelar los medios y procedimientos con que dotar de seguridad a los ciudadanos y por ende a los estados. Hoy los principales riesgos y las amenazas, no provienen de actores identificables en el sistema político internacional. La realidad nos muestra contumazmente como los nuevos problemas provienen no de los tradicionales actores internacionales, sino de actores difusos y transnacionales. Estos nuevos retos están provocando una readaptación de las prioridades de política exterior, de seguridad y defensa en todo el planeta. La seguridad ha dejado de ser un juego de suma cero; hoy la seguridad de un Estado pasa, en buena medida, por la seguridad de sus vecinos.

Por otro lado, explorar las causas profundas de muchas de las nuevas amenazas nos lleva reiteradamente a la senda de los problemas demográficos, la miseria, el hambre, los déficits en el desarrollo… problemas todos ellos no resolubles, evidentemente, desde el potencial militar. Tal escenario nos traslada desde la seguridad nacional al escenario de la seguridad humana, aquella que busca defender seres humanos y no territorios y, por ejemplo, se centra en erradicar hambrunas y miseria como vía con la que asegurar la justicia y el bienestar social; al de la seguridad ecológica, centrada en predecir, controlar y paliar los desastres ecológicos y los factores que los generan y, también, al de la seguridad global, aquella que junto con la protección medioambiental aboga por un orden mundial global.

Las democracias occidentales siguen queriendo defender los mismos bienes: los derechos fundamentales, las libertades públicas y el estado del bienestar. Sin embargo, los enemigos de las democracias han cambiado y con ellos, las amenazas; y en buena lógica, las coberturas con las que el Estado genere seguridad también han de hacerlo. Y es esta cambiante realidad la que ha de invitarnos a reflexionar para, por un lado, entender qué está pasando y, por otro, para ser capaces de generar la seguridad necesaria para disfrutar de nuestros bienes. Insisto en la inexactitud de la premisa que estos días se maneja. No se trata de perder libertades para ganar seguridad. Sino de ganar seguridad para seguir gozando de nuestras libertades. Algo que solo será posible si somos capaces de desentrañar y comprender en qué consisten las nuevas amenazas y si modificamos las coberturas; los instrumentos con que alcanzar los grados de seguridad que precisemos. Son esos y no otros los interrogantes que hay que resolver.

¿Es por tanto el Islam una de nuestras nuevas amenazas? No, sin paliativos. Ese camino aboca a la estigmatización y a un desencuentro irreparable. Es cierto que hay terroristas islamistas; pero en modo alguno podemos anatemizar a todos los islamistas, por muy radicales que sean, y mucho menos a todo el Islam. Reconozco que deploro a los fascistas (al igual que a otros muchos fanáticos de una idea, religión, nación, etc.) y que incluso hay fascistas que, en defensa de su ideología, son capaces de matar; pero en modo alguno podemos hacer de todos ellos unos terroristas en potencia. No olvidemos que la democracia es el único sistema político que convive con sus enemigos y, sin caer en la ingenuidad, hace todos los esfuerzos posibles por integrarlos. No se trata de hacer esfuerzos por expulsarlos, sino por integrarlos  En este sentido, habrá que reflexionar respecto de si las políticas multiculturalistas han facilitado la integración y la convivencia o si, lamentablemente, han generado sociedades paralelas que no se entienden. Igualmente habrá que pararse a pensar si los recortes que han sufrido muchas políticas sociales –entre ellas las destinadas a la inmigración– no han terminado por abocar a la exclusión a estos colectivos y allí hacerlos carnaza fácil de los sueños quiméricos que siempre brindan los extremismos; antesala, casi siempre, de los terrorismos.

¿Incrementar la presencia policial –e incluso militar– es la cobertura con la que conseguiremos seguridad? No parece que sea el camino más certero. En El Salvador, ante el grave problema a la seguridad que suponían las Maras se aprobó la Ley de Mano Dura, que ya en su nombre lo dice todo. Dada su proverbial ineficacia el gobierno rectificó y consiguió que el Parlamento aprobase la Ley de Supermano Dura. Un esperpento. Cifrarlo todo a la seguridad reactiva, o todo lo más, a la preventiva, no es el camino. Se ha de pensar y actuar proactivamente. El Banco Interamericano de Desarrollo, pensando en los mareros aconsejó actuar preventiva y reactivamente con aquellos a los que estimó ‘irrecuperables’. Eran y son delincuentes y no queda otro remedio. Pero la única manera de no convertir a toda su juventud en una amenaza era, y está siendo, actuar sobre los ‘recuperables’ generando políticas que ofreciesen alternativas de reinserción social, y trabajar duro desde el Estado con políticas públicas para la juventud y evitar así el ingreso de los que todavía no habían entrado. A la larga, no va a ser una mayor presencia policial lo que nos va a dotar de mayor seguridad. El camino no es la prevención y una mayor capacidad de reacción –que no son despreciables–; lo que es vital es una mayor proacción. Un incremento de la labor de los servicios de inteligencia –que bastante bien lo están haciendo– que trabaje sobre los focos de captación del terrorismo para invalidar sus viveros. Es ahí donde se juega la partida.

¿Cercenar derechos fundamentales es imprescindible para alcanzar seguridad? Es la quintaesencia de las paradojas. El fin –los derechos– convertidos en medios y el medio –la seguridad– transformado en fin último. Mal camino ¿no les parece?

Rafa Martínez

Catedrático de ciencia política y de la administración

Investigador principal de GRAPA

Investigador Asociado Senior de CIDOB

Investigador de FLACSO-España

Universidad de Barcelona

[1] Diccionario panhispánico de dudas de la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española.

[2] Diccionario de la lengua española de la RAE.