Por fin, la discriminación de los no residentes en el impuesto sobre sucesiones llega a su fin – Luis Manuel Alonso González

Tres recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) permiten sostener que se pone fin a la discriminación fiscal que padecen los sujetos no residentes en España, ni en la Unión Europea (UE) ni en el Espacio Económico Europeo (EEE), en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). Hasta ahora, y pese a haberse pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre este tema, tenían que someterse a la normativa estatal del ISD, consumándose así un trato discriminatorio respecto de las personas físicas residentes, pero también, desde que se aprobara la Ley 26/2014, respecto de los residentes en la Unión Europea (UE) o en el Espacio Económico Europeo (EEE). Ha tenido que ser el TS quien, al afrontar las demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado por hacer pagar más a los sujetos no residentes de fuera de la UE y del EEE, aporte la argumentación esencial para poder pedir la devolución del exceso pagado, con intereses de demora. Sin embargo, la vía procedente cuando no ha prescrito el derecho del contribuyente a obtener la devolución de lo indebidamente pagado será la solicitud de devolución de ingresos tributarios indebidos.

Con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) de 3/09/2014 (asunto C-127/12) se puso fin a la discriminación de comunitarios en el ámbito de las herencias y donaciones con sujetos no residentes en España, que hasta ese momento debían pagar el Impuesto a la Hacienda estatal y con aplicación exclusiva de la normativa estatal (escala progresiva del 7,65 % al 34 % para transmisiones entre familiares directos), sin posibilidad de aplicar los distintos beneficios fiscales aprobados por las diferentes comunidades autónomas (CCAA) para sus residentes.Read More »

Observaciones sobre la financiación pública de las confesiones religiosas minoritarias – María del Mar Martín García

Las confesiones religiosas minoritarias que han sido declaradas de notorio arraigo en territorio español reciben financiación estatal a través de la destinación de ayudas económicas para algunas de sus actividades por medio de la Fundación Pluralismo y Convivencia (FPYC), lo que trae consigo una serie de dificultades que hacen surgir dudas sobre su justificación. Estas dificultades surgen a la luz de los principios de laicidad y de no discriminación que se deducen del reconocimiento de la libertad religiosa y del posicionamiento del Estado frente al hecho religioso obrado por la Constitución de 1978 (CE).

Hay que recordar que, aparte de las ayudas indirectas a través de beneficios fiscales a las confesiones religiosas y a sus entidades, existen actualmente dos sistemas de financiación de la libertad religiosa que implican ayudas económicas directas desde el erario a las confesiones: la asignación tributaria a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, destinada a la Iglesia católica, y las ayudas estatales a actividades de carácter cultural o social (se excluyen las de carácter estrictamente religioso) que lleven a cabo confesiones minoritarias que hayan sido declaradas de notorio arraigo en el territorio español, ayudas que se llevan a cabo a través de la FPYC, que es una fundación pública del sector estatal. Este último sistema es el que nos ocupa (me he ocupado de él más detenidamente en Martín García, María del Mar. «Fundaciones del sector público y financiación de la libertad religiosa en el derecho español». Revista Catalana de Dret Públic, núm. 55 (diciembre 2017), pp. 101-112, DOI: 10.2436/rcdp.i55.2017.3008).

Respecto a la figura de las fundaciones del sector público estatal hay que tener en cuenta que las entidades públicas no pueden ser consideradas titulares del derecho de fundación recogido en el artículo 34 de la CE, aunque pueden crear fundaciones —para el cumplimiento de sus fines con mayor versatilidad— porque el legislador se lo permite. Además, debido a la heteronomía de la Administración pública, es preciso añadir que toda fundación del sector público ha de estar justificada y ha de ser controlada en su actividad, y que ésta estará sometida a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia en su gestión.Read More »

La “amnistía fiscal” o el uso del decreto-ley en materia tributaria – César Martínez Sánchez

Tal y como han recogido la mayoría de los medios de comunicación con gran profusión, aunque no siempre de forma precisa, la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio ha declarado inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, en la que se establecía la coloquialmente denominada “amnistía fiscal”.

Como es sabido, en España, al igual que ocurre en otros países, se permite excepcionalmente que el Gobierno apruebe normas con rango de ley, denominadas decretos-leyes. Esta excepción a la clásica división de poderes va acompañada en nuestra Constitución (art. 86) de tres relevantes cautelas. En primer lugar, solo se permite que el Gobierno haga uso de esta particular facultad en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. No se trata de una exigencia meramente retórica, sino que en varias ocasiones el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales algunos decretos-leyes por no apreciarse esta circunstancia (vid., por ejemplo, la STC 126/2016, de 7 de julio de 2016).

En segundo lugar, es obligatorio que estas normas provisionales sean sometidas a la convalidación de los representantes del pueblo (Congreso de los Diputados) en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, de suerte que se restablezca la división de poderes temporalmente truncada. Ahora bien, como ya dijo el TC hace más de treinta años, el acuerdo favorable del Congreso no sirve para “sanar” los excesos en que el Gobierno pudiera haber incurrido (STC 6/1983).Read More »

Relacions intergovernamentals per silenci i Consell de Política Fiscal i Financera – Eduard Roig Molés

Han passat vint-i-cinc anys des de l’aprovació dels Acords autonòmics de 1992, que varen marcar la consolidació del model autonòmic i, especialment, l’impuls del sistema de relacions intergovernamentals. En aquests vint-i-cinc anys les conferències sectorials s’han confirmat com l’element central (i pràcticament únic) de les relacions multilaterals entre els governs de l’Estat i les comunitats autònomes i, en conseqüència, com el marc de desenvolupament fonamental de les relacions d’informació, coordinació, cooperació i participació entre les diferents instàncies.

Vint-i-cinc anys d’experiència permeten una valoració prou fonamentada del sistema. Algunes de les seves característiques són prou conegudes i han estat objecte d’estudi detallat en els treballs de Xavier Arbós, María Jesús García Morales, José María Pérez Medina o Joaquín Tornos, entre d’altres. Sens dubte, la principal és l’heterogeneïtat del seu funcionament i la dependència de l’impuls del govern de l’Estat, o fins i tot, de la personalitat del ministre participant. Altres elements rellevants es deriven de la previsió de funcions específiques de les conferències a les lleis (en matèria de sanitat, dependència o immigració), del desenvolupament efectiu dels segons nivells administratius de cooperació (especialment rellevants per exemple en els àmbits d’educació) o de l’existència d’una instància d’impuls pràctic com és la Unió Europea (element decisiu en matèria de política agrícola, pesquera o mediambiental). Tots aquests elements, i d’altres, exigeixen un estudi sectorial diferenciat de cada conferència que continua essent una de les assignatures pendents de l’anàlisi jurídica i política de les relacions intergovernamentals.

Però fins i tot a partir d’una observació general del sistema i les seves xifres (que poden consultar-se al web de la Secretaria d’Estat d’Administracions Territorials i poden seguir-se també més valorativament en els Informes Comunitats Autònomes elaborats per l’Institut de Dret Públic de la UB), és possible plantejar dues consideracions generals que tenen en comú la rellevància dels silencis i els buits en el nostre sistema (o no sistema) de relacions intergovernamentals.Read More »

La contrarreforma de la Ley general tributaria – José A. Rozas

El pasado 22 de septiembre se publicaba en el BOE la Ley 34/2015, de contrarreforma, más que reforma, de la Ley 58/2003, general tributaria (corrección de erratas en el BOE del 26 de septiembre), con entrada en vigor, con carácter general, el 12 de octubre. Se concluye, con ello, la tan cacareada reforma tributaria de esta legislatura. In extremis, en el paquete del maratón de final de esta insólita etapa legislativa en la que, pese a disponer el partido en el Gobierno de una más que cómoda mayoría absoluta, ha preferido gobernar con reales decretos-leyes elaborados en las factorías administrativas de los grandes cuerpos de funcionarios públicos. En esta ocasión no ha sido así, la reforma se ha tramitado por el procedimiento ordinario, pero tampoco se ha dado participación efectiva en su configuración a nadie que no proviniese de la Inspección de Hacienda, verdadera, prácticamente única, protagonista de esta reforma.

La primera Ley general tributaria de nuestro ordenamiento tributario se aprobó en el año 1963, desgajándose de lo que sería la ley de reforma del sistema tributario de 1964, por la que sentaba la planta de lo que vendría a ser, quince años después, nuestro sistema tributario actual, gestado al despuntar los setenta y que ha tenido –por lo que se refiere a la ordenación de sus grandes figuras impositivas– dos etapas de desarrollo: la primera, del delito fiscal e impuesto de patrimonio de 1977 al ISD de 1987, pasando por el IRPF de 1978 y el IVA de 1986; y la segunda, del segundo IRPF, de 1991, al tercero, y actual, de 1998/2002/2006, pasando por las reformas del IVA y de los IE de 1992, hasta la introducción de los impuestos energéticos en 2012. Entre tanto, el IS tomó una primera forma en 1978, una segunda, en 1995 para “europeizarse” y, a partir del 2010 –cuando no había crisis pero se derrumbaba clamorosamente el sistema financiero público y el modelo económico– se le ha sometido a un proceso frenético de reformas sin rumbo fijo –un pasito para liberalizar las amortizaciones, dos para posponerlas, otro recortando deducibilidad de intereses, y un cuarto bajando el diapasón de deducciones que el ejercicio siguiente recuperaban tono– hasta llegar a la, penúltima, en 2014, al ritmo del llamado programa BEPS de la OCDE. Como no podía ser menos, en este sentido, en toda ley tributaria que se precie, se incluye también en esta una adicional sexta que modifica el Impuesto sobre Sociedades, para no perder la costumbre.Read More »