El dilema entre perpetuar o poner punto final al estado de alarma. La opción de aplicar la legislación sanitaria para seguir adoptando medidas restrictivas de derechos
Las aglomeraciones en las calles a partir del 10 de mayo de 2021, tras finalizar el segundo estado de alarma, hizo revivir la, por otra parte, incesante confrontación política —y por supuesto jurídica— en torno al marco legal necesario para afrontar la pandemia,[i] en buena parte zanjado con la relevante sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2021 a la que más tarde nos referiremos. No en vano, algunos sectores políticos y doctrinales que ya se habían opuesto a la prolongación del estado de alarma exigieron al Gobierno la reforma del marco legislativo sanitario —en parecidos términos a los expresados por algunos órganos judiciales y el Consejo de Estado— para, a su parecer, dar mejor cobertura a las restricciones que iban a adoptar las comunidades autónomas (CA) en ausencia de estado de alarma, clarificando sus términos, a la vista de la experiencia acumulada, o incluso adoptando una ley ad hoc de epidemias como la existente en Alemania, Austria o Dinamarca.Llegeix més »
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) publicarà en breu el número 62 de la Revista Catalana de Dret Públic (RCDP) amb 10 articles acadèmics, dels quals 5 corresponen a una secció monogràfica que duu per títol “L’Administració pública i la cura de les persones”. Es tracta de contribucions que analitzen l’estat del benestar prenent com a base les prestacions públiques eficaces i eficients, amb una gestió pública al servei de la ciutadania centrada en l’ètica, la proximitat, l’atenció i el bon tracte. Així ho exposa el secretari de l’RCDP i catedràtic de Dret Constitucional a la UAB, Joan Lluís Pérez Francesch, en la introducció del número.
El año 2020 fue ciertamente relevante para la libertad de expresión y su interpretación por parte del Tribunal Constitucional. Pero además de relevante resultó sorprendente: el Tribunal comenzó el año construyendo un entendimiento de la libertad de expresión sobre unas determinadas bases, y lo terminó acogiendo otro netamente distinto, en el que el reconocimiento y la valoración de la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática parecían dejar paso a una cierta desconfianza y prevención frente al ejercicio de dicha libertad. En las líneas que siguen se quiere reflexionar muy brevemente acerca de esta evolución y de qué consecuencias tiene.
Aquest article tractarà de l’aplicació de la normativa reguladora del lloguer turístic de curta durada a partir de dues decisions judicials: la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) (Sala Gran) de 22 de setembre de 2020, Cali Apartaments SCI